Más allá de la Ámsterdam


Los aires de Europa parece que le hicieron bien al Presidente.


Despertó y modificó el criterio que rigió durante los doce años de conducción frenteamplista en materia de seguridad pública.


El gobierno parece decidido -por fin- a hacer cumplir la ley: "De aquí en más se terminó la situación que estamos viviendo"(…)"No van a poder. No va a ganar la delincuencia. No es una tarea fácil. Existe la convicción de reprimir a los violentos"(…)"Si hay un violento y la Policía lo tiene que sacar del forro lo va a sacar del forro"(…)"Ahora vamos a ser más estrictos, más allá de las críticas que podamos recibir, dentro de la Constitución, ni que hablar"(…) "hay que llevarlos de los fundillos a la cárcel".


Más vale tarde que nunca. Y más vale que sea cierto.


Ya era hora de poner coto a la creciente ola de violencia acompañada por la pasividad del aparato estatal.
Había -hay- una especie de laissez faire, laissez passer por parte del Estado a la hora de pararse frente a la delincuencia. Hemos pasado desde la liberación de presos en el primer gobierno de Vázquez hasta la renuencia a castigar con más severidad las bocas de pasta base como acontece en el Parlamento actualmente. Era hora de despertar de ese sueño que coloca a todos los uruguayos en una pesadilla diaria de vivir con miedo.

Es claro que la solución al problema de la seguridad no pasa solo por la represión, por la respuesta policial, pero la represión al delito y a los delincuentes es parte del combo de la solución. Como dijo el mismo presidente, a esos violentos no se les puede “convidar con un caramelo”.


Eso que tanto se resistió a entender el gobierno frenteamplista, parece que cambiará.


Esperamos que el presidente concrete este cambio de dirección.


Ahora bien, el problema de la violencia y la inseguridad no empieza ni se termina en la Ámsterdam o en el Fútbol. Ese nuevo criterio de aplicación estricta de la ley debe ser general.


Hay que “sacar del forro”, parafraseando al Presidente, no solo a los violentos del fútbol, también a delincuentes que asolan nuestros barrios y ciudades. A los narcos que tienen barrios enteros de rehenes, a los delincuentes que estando libres han puesto presos del miedo a los ciudadanos honestos de nuestro país.


Hoy los uruguayos son testigos y víctimas de violencia en todo lugar y a toda hora. No es el Centenario el único lugar a proteger. Es todo el territorio nacional. Son los barrios montevideanos, son las ciudades y pueblos del interior donde han surgido delitos y conductas violentas que nunca antes habían conocido. Son las puertas de escuelas y liceos donde se vende droga. Son la calles donde los ciudadanos están expuestos a hurtos y rapiñas, son los comercios llenos de rejas, alarmas y cámaras de seguridad buscando una protección que hasta ahora el Estado no está brindando. Es el Uruguay entero el que debe ser protegido por esta lógica que debió primar siempre: hacer cumplir la ley.


Si el presidente concreta en hechos sus anuncios, tendrá nuestro respaldo, porque no lo podemos criticar cuando estamos en desacuerdo y también criticar cuando estamos de acuerdo. Hay que ser serios. Si cumple, si hay un cambio en la política de seguridad llevando la conducción hacia la aplicación estricta de la ley y un mayor protagonismo policial en la lucha contra la delincuencia, lo vamos a apoyar porque es lo que venimos reclamando desde que asumió el Frente Amplio.


Ahora que se despertó con el tema seguridad, quizás pueda despertarse y cambiar el rumbo en materia de educación, que es la única alternativa sustentable para el cambio cultural y social necesario para tener una sociedad verdaderamente integrada y segura, donde imperen los valores que aseguren una convivencia pacífica.

Después de doce años, alguna razón teníamos.

Por Jorge Larrañaga

Columna de Opinión de Jorge Larrañaga Las cúpulas sindicales perdieron la brújula

larrañaga16

“La educación uruguaya no está en crisis”, decía la Ministra Muñoz en ocasión de su última comparecencia en el Parlamento. Pues bien, en estas últimas horas, esa “ausencia de crisis” tuvo un nuevo capítulo de idas y vueltas entre el Sindicato de Profesores de Educación Secundaria y las autoridades.

El Sindicato de Profesores de Educación Secundaria había resuelto que en el día de mañana leerían a todos los estudiantes en el aula una proclama en contra del Presidente de la República. Ante tan grande atropello tuvieron que rectificar y ahora señalan que “hubo un error” y que la proclama será leída en la Sala de Profesores.

Ha trascendido que de ese “error” el sindicato "fue advertidos desde distintos ámbitos” ¿Es que no fueron capaces de darse cuenta por sí mismos de que era una barbaridad? ¿De que más allá de ser inconstitucional e ilegal era un disparate y un abuso mayúsculo?

Finalmente se dieron cuenta del despropósito que eso suponía. Si bien desconozco el contenido de la referida proclama, ha trascendido que el motivo de la misma es que se cumple un año desde que el Poder Ejecutivo decretara la esencialidad de la Educación Pública. Se le imputa públicamente al Gobierno del Frente Amplio actuar como los interventores de la enseñanza en la época de la dictadura.

El Consejo de Educación Secundaria había señalado correctamente que la actitud de los docentes violaría el artículo 58 de la Constitución y la Ley de Educación.

Además de esa violación al precepto constitucional, aquella conducta anunciada suponía ofender la libertad de conciencia de los estudiantes, sometiéndolos en el horario de clases a escuchar, contra su voluntad, una proclama proselitista.

Más aún, el sindicato había resuelto -nadie se come la pastilla que no era eso lo que querían-, abusar de su posición de poder sobre los estudiantes y del prestigio y credibilidad intelectual del que goza todo maestro y profesor sobre sus alumnos, con el fin de someterlos a una proclama propagandística contra el Poder Ejecutivo y en definitiva, contra la figura institucional Presidencia de la República.

Las cúpulas sindicales, una vez más, exhiben una despreocupación por los destinos de la educación de los alumnos. Eso que querían hacer solo sucede en las aulas de países sometidos a un gobierno totalitario, que más que formación de seres libres, busca el adoctrinamiento.

En nuestro país los sindicatos pueden promover todas las acciones gremiales y judiciales que entiendan convenientes para defender sus derechos y enfrentar al Gobierno. Incluso, si los agravia el decreto de esencialidad, pueden recurrir a los organismos internacionales como la OIT, pueden volver a parar, pueden marchar libremente por las calles, leer sus proclamas en las plazas a todos aquellos que quieran oírlos y concurrir a todos los medios de comunicación para convencer a la opinión pública de sus ideas en contra del Gobierno.

No se lucha por unos derechos avasallando otros. Menos aún, avasallando el de los hijos de los uruguayos.  No es admisible que se pretenda tomar a los alumnos como mecanismo para extorsionar a un gobierno.

Tan grave como lo anterior, que es gravísimo, es que desde el Ministerio de Educación se haya consultado a ANEP por la legalidad de la lectura de la proclama sindical en clase. Eso no solo refleja un claro desconocimiento de los conceptos de libertad de conciencia, de la laicidad y de toda otra norma de convivencia, sino que además reafirma el camino que desde el Poder Ejecutivo se ha venido recorriendo estos últimos tiempos, donde la educación es responsabilidad de otros. Es una muestra más de que el gobierno de la educación fue entregado a las corporaciones.

De los episodios de estos días resulta que las cúpulas sindicales en Uruguay perdieron la brújula. Lejos de defender derechos van contra los alumnos y contra la propia figura del docente. Son ellos, maestros y profesores,  los que con su esfuerzo y a pesar de las carencias del sistema, defienden con uñas y dientes la educación en las aulas nacionales

En esto está la promesa de cambiar el ADN de la educación, entre la indiferencia de las autoridades, la insensatez de las cúpulas sindicales y en el medio la educación de los hijos de los uruguayos.

La Política, los políticos y los ciudadanos debemos trabajar juntos para que la educación cambie. Rebelarnos, porque en esa lucha va la calidad de nuestra República, nuestra identidad como Nación y en definitiva, el futuro de nuestros muchachos.

Por unos dólares más

columnista21015


Diciembre fue un mes sintomático de la crisis existencial del gobierno y del proyecto frenteamplista. Ha sido revelador de sus contradicciones frente a su discurso – y frente a la realidad-.

Hay pruebas de ello. Han vuelto a votar la presencia de tropas en Haití. Lejos quedaron aquellas pintadas por los muros de Montevideo exigiendo el retiro de tropas, la votaron todos los legisladores del oficialismo.
Luego, entre turrones y pan dulce, con Papá Noel todavía sobrevolando la ciudad, se presentó la capitalización de ANCAP. Los autoproclamados defensores de las empresas públicas fundieron la principal y monopólica empresa nacional. Fueron peores que los más exacerbados neoliberales, la arruinaron.


Cuando parecía que el año no podía traer más malas noticias, pasado eldía de los inocentes, al mejor estilo de los delfines kirchneristas, se dictó el decreto 359/015.

Este decreto modifica el cálculo de la renta fiscal base de imposición del Impuesto a las Rentas Empresariales (IRAE). Lo hicieron amparados en una delegación aprobada por la ley de reforma tributaria, delegación que es de dudosísima constitucionalidad.

¿Este cambio qué es? Es un zarpazo a las empresas, pero con una consecuencia mucho más trascendente y negativa: es un ataque a la confiabilidad que como país se debe brindar.

Es un fiscalazo, porque en  las estimaciones más conservadoras de analistas privados y especialistas tributarios ubican la recaudación fiscal incremental en 300 millones de dólares.

Además de atacar a las finanzas de algunas empresas viene a golpear a la previsibilidad normativa, a atacar a las reglas de juego. Con el decreto se derogó el ajuste en la liquidación de IRAE por inflación, siempre que esta se encuentre por debajo del 10%, pero también se derogó uno de los eslóganes que desde el gobierno se repetía  como una letanía: “no al cambio de reglas de juego”.

Todo “Por unos dólares más”,como rezaba el título de la película de Clint Eastwood; por unos dólares más –no pocos por cierto- el gobierno arriesga un capital mayúsculo, la confianza. Se trueca la seguridad y confiabilidad del país.

Haberlo hecho sobre el cierre del año y con vigencia para el ejercicio en curso lleva a que esta modificación sea retroactiva “por la vía de los hechos”, determinando un cambio violento en las reglas tributarias y agregando un nuevo elemento al ya deteriorado “clima de negocios”.

Esta medida erosiona la seguridad jurídica que el país debe ofrecer.

Hay que repasar algunos hechos para determinar que no estamos en una cadena de casualidades sino de causalidades.

Si analizamos una serie de hechos se puede explicar la oportunidad y “conveniencia” para el gobierno de implementar esta medida de una manera tan abrupta y opaca.

En primer lugar hay una desconfianza entre los propios integrantes del gobierno.

Este cambio que viene a incrementar la recaudación se produce con posterioridad a la aprobación del Presupuesto Nacional –que esta vez fue bianual- en una clara demostración de falta de confianza del equipo económico hacia el resto del gobierno y en particular de su bancada parlamentaria. Es evidente que de “decretarse” este cambio en medio de la discusión presupuestal la nueva recaudación se habría volcado a más gasto público. Por lo tanto, primero, se trampearon entre ellos.

En segundo lugar, se viene a socializar las pérdidas causadas por ANCAP.

Las pérdidas que le ocasiona a la Administración Central la capitalización de ANCAP se verán parcialmente compensadas por la nueva recaudación que el sector empresarial deberá realizar por esta modificación.

En tercer lugar, se intenta salvar la meta fiscal. La profundización de la desaceleración del crecimiento económico, con su consecuente impacto negativo en la recaudación fiscal lleva a que ni siquiera en 2015 se cumpla la meta fiscal establecida por el gobierno en el presupuesto. Con esta medida de alguna manera se compensa este deterioro fiscal y se pretende disimular la fragilidad de las finanzas públicas.

Con las cartas vistas, la medida es posible de instrumentar en tanto la inflación del año no supere el 10%. Si bien este dato se conocerá públicamente en el correr de la semana entrante, es evidente que la primicia llegó al Ministerio de Economía y a partir de ella decidieron decretar este “manotón de ahogado”.

Para evitar que la inflación trepe por encima del 10% el gobierno ha acudido al Sector Privado, a los empresarios, a los efectos de acordar en forma “voluntaria” la fijación de precios hasta fines de enero, en esta segunda ronda. A esos mismos empresarios a los que se les pidió tolerancia y sacrificio ahora se los trampea con un fiscalazo de última hora. ¿Le da al gobierno esta medida el derecho moral y ético de volver a pedir colaboración?

Finalmente, esta medida provoca un daño difícil de reparar sobre la confianza y la inversión.

Una economía desacelerada al borde de la recesión, sin margen fiscal para llevar adelante políticas anticíclicas, con un desempleo creciente, necesita impostergablemente de la inversión en infraestructura –entre otros tipos de inversión- para reactivarse. ¿Quién va a financiar esa nueva inversión? ¿En qué marco jurídico? ¿En el actual o en uno que se acomoda de acuerdo a las necesidades? Es imposible que se transmita confianza con estos parámetros.

Fundieron PLUNA, fundieron ANCAP, y ahora funden la credibilidad como país, todo por unos dólares más.       
Por Jorge Larrañaga  

El dedo en la llaga

Estamos viviendo en una sociedad fragmentada. Es notorio como venimos perdiendo sentido de comunidad y que se ha resentido la convivencia nacional. Nos viene ganando la violencia y la delincuencia. Los uruguayos se sienten desamparados y han perdido uno de los principales derechos, el derecho a estar en paz. Esa derrota no es admisible para ningún Estado.

“Hay que combatir las causas del delito” se nos dice cuando planteamos una serie de medidas de urgencia. “Hay que educar, rehabilitar, formar en valores, predicar con ejemplos, estimular la cultura del empleo, generar oportunidades”. Por supuesto que sí. Estoy -como todo el mundo- de acuerdo con ello. El tema es que en todas esas materias el gobierno del Frente ha fracasado.

 Tengo claro que no solo legislando sobre penas y delitos se soluciona el problema. Pero también se necesita combatir a la delincuencia. 

Hay dos tiempos en la lucha contra la delincuencia. La respuesta inmediata, de urgencia, frente a una situación de excepcional gravedad; y el tiempo del combate de las causas, que viene siempre, de una política de largo plazo.

Hay que decir las cosas como son. Durante mucho tiempo se ha sostenido que los delincuentes de hoy son resultado de las políticas de exclusión económica de los ´90.

Actualmente se está sembrando la mayor de las exclusiones, la exclusión cultural y de oportunidades, que supondrá luego, casi inexorablemente, la exclusión económica. La educación en Uruguay consolida la desigualdad y no hay perspectiva alentadora. Se nos prometió el cambio de ADN, y, sin embargo, los técnicos designados para realizar esos cambios sustantivos duraron ocho meses. Ocho meses y se tuvieron que ir. Las autoridades nos dicen que estamos bien, que no hay crisis educativa y la mitad de nuestros muchachos ni siquiera comprende lo que lee. Pero, para las autoridades, estamos bien.
Las políticas sociales, otro mecanismo para generar inclusión e integrar una sociedad, no fomentaron la cultura del trabajo, por el contrario, desde el gobierno se desarrollaron políticas de mero asistencialismo.
"Una sociedad integrada genera espejos positivos, contagia desde el ejemplo. Es desde arriba, desde el poder, con la prédica del ejemplo en Valores, que se derrama el mensaje para que impregne a la sociedad.


Tampoco aquí se han hecho las cosas bien. No se ha fomentado ni la excelencia ni el estímulo del esfuerzo como mecanismo de superación. Se quería una sociedad sin profesionales, se optó por fomentar la cultura del pobrismo y la chabacanería, simbólicamente inaugurada con el “no sea nabo Neber” y coronada con la expresión de relativismo “como te digo una cosa te digo la otra”.

Ese es el estado de las políticas de largo plazo que se nos recuerda, como Perogrullo, son la genuina solución frente al delito y la fractura social. Ese estado de cosas es nuestra llaga como sociedad.

La delincuencia nos roba hijos, hermanos, padres todos los días. Por supuesto que se necesitan políticas de largo plazo, pero también se necesita la reacción del Estado, de la mano de la reacción del gobierno, ya.
Hay que actuar de manera inmediata. No hay lugar para la excusa del largo plazo, en que los resultados vendrán cuando se vea el impacto de políticas sociales.

 Para las víctimas, no hubo largo plazo.

Se necesita actuar de manera urgente, sin reservas ideológicas, sin el discurso políticamente correcto del largo plazo y la solución de fondo, porque si nos quedamos de brazos cruzados no habrá nada que salvar.
Esta situación de emergencia en seguridad nos llevó a presentar una batería de proyectos de ley para afrontar el problema de seguridad. Algunos las rechazaron de plano, sin discusión, sin diálogo, solo refugiados en el facilismo del “no”. Otros, además, las criticaron parapetados en la irresponsabilidad de no plantear ninguna alternativa. Si lo que proponemos no sirve, ¿qué sirve? ¿qué se hace con lo que pasa hoy en la vida de los uruguayos que viven azotados por la inseguridad?

Soy absolutamente consciente de la necesidad de las políticas que combatan las causas del delito, pero aún si estas existieran y fueran eficaces –que reitero, en Uruguay no lo son-, se necesita el “mientras tanto”.
Quienes en su discurso público omiten las respuestas para lo que pasa en la actualidad, a cuenta de las políticas de fondo, observan el problema de una manera incompleta. Es evidente que se necesita mover al Estado en su rol de gendarme.

Se ha logrado, con la alerta de la Oposición, que se hizo eco del reclamo ciudadano, despertar al gobierno.Se anuncia que mil policías saldrán a patrullar. Eso es bueno. No deja de ser tardío, pero es al menos una respuesta ante el reclamo que venimos haciendo desde la Oposición. Llegaron 11 años tarde, pero llegaron.

Se logró además que el Poder Ejecutivo, que venía anunciado desde la campaña electoral de 2014 una convocatoria a los partidos, lo hiciera. El Presidente lo había anunciado siendo candidato en 2014, en su asunción el 1 de marzo de 2015. Finalmente, 1 año después de “la puesta en marcha”, 21 mil rapiñas después, 300 homicidios después, se convocan a los partidos de Oposición.

Aunque tarde, es un avance porque es evidente la necesidad de dar un giro a la política de seguridad. La falta de rumbo en esta materia que tiene el gobierno es evidente.

Todos los Ministros del Interior del Frente han fracasado, porque lo que fracasa es la política cargada de prejuicios ideológicos del gobierno; no reprimen el delito porque lo asocian con autoritarismo, y por sus preconceptos, pierde la sociedad, y pierde de verdad.

El próximo martes se realizará esta reunión entre gobierno y Oposición. Sería bueno y oportuno que el gobierno dirima antes con qué posición concurrirá. El primer diálogo debe ser entre el Poder Ejecutivo y la bancada oficialista, que piensan muy distinto, al punto que hay proyectos del Ejecutivo cajoneados por la bancada del mismo oficialismo. Pongan la casa en orden.

En nuestro caso ponemos ideas sobre la mesa. El trabajo de gobierno y Oposición debe ser sobre puntos concretos, no divagues ni sofisticaciones, acá se precisan respuestas inmediatas. Aspiramos a que el oficialismo se quite la venda ideológica en la discusión de los asuntos de interés general, que no renuncie a defender a los uruguayos, que no se cierre y que no descarten iniciativas por el solo hecho de provenir desde la oposición.

¿Es tan equivocado aumentarle la pena a los que venden drogas para que no sea excarcelable ese delito? ¿Tan descabellado es evitar que entren por una puerta y salgan en una suerte de puerta giratoria?
¿Es tan equivocado que los menores que cometen un homicidio no tengan el beneficio de semilibertad? ¿O que a ese menor que mató no se le borren los antecedentes para que si vuelve a delinquir no se lo considere primario?

¿Es tan equivocado plantear medidas para luchar contra las bocas de pasta base? ¿O que la venta de cocaína en vez de tener un mínimo de 20 meses pase a tres años como lo han pedido jueces y fiscales?
¿Tan equivocado es que los padres de menores infractores sean responsabilizados por haber incumplido los deberes inherentes a la Patria Potestad?

¿Tan malo es crear una Guardia Nacional como segunda fuerza para proteger a los uruguayos?

¿Es malo que la policía tenga más posibilidades de actuación?

Esas son algunas de las medidas que estamos planteando.

Repito: Estoy de acuerdo con trabajar en el largo plazo, de corregir todas las políticas necesarias, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados ante la alarma del presente.

El Estado tiene que rescatar a la sociedad, ponerle freno a la delincuencia.

El gobierno debe admitir que tiene un problema, no buscar excusas ni decir que somos un país seguro “porque los Rolling Stones salieron a pasear por Montevideo”.

Nosotros, como oposición, tenemos el deber de proponer y proponer, insistir hasta convencer, ir a todos los “diálogos”, pero también tenemos el derecho a exigir que sea sobre soluciones concretas, porque esto no se trata de gobierno u oposición, se trata de sociedad o delincuencia.

“La educación no está en crisis”

columnista21015

Esta aseveración corresponde a la Ministra de Educación y Cultura y fue expresada durante el llamado a sala que desde el Senado le realizáramos el pasado martes 29 de setiembre.

 Es una afirmación que resulta temeraria, chocante y ofensiva, porque niega una realidad evidente que afecta, sobre todo, a los que menos tienen.

  ¿No está en crisis la educación pública uruguaya cuando 1 de cada 4 jóvenes en edad de concurrir al liceo no lo hace?

 ¿No está en crisis nuestra educación cuando la mitad de nuestros liceales de 15 años está por debajo del umbral de competencias básicas, no es capaz de entender lo que lee y no tiene nivel aceptable en matemáticas?

 ¿No está en crisis una educación que tiene los índices de repetición más altos de la región?

 ¿No está en crisis la educación cuando los niveles de aprendizaje son cada vez peores según se desprende de las pruebas internacionales TERCE (Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo), que revela que nuestros escolares de 6º grado bajaron la calificación en lectura, matemática y ciencias?

 ¿No está en crisis una educación donde según las cifras oficiales hay 1500 niños que van menos de 70 días a clases en el año?

 ¿No estamos en crisis?

 Como se lo dijimos ese día a la Ministra: Pensar y decir que no estamos en crisis es un enorme error. Monumental error. Que desconoce la realidad y peor aún, constituye una confesión implícita: no habrá cambios reales en la educación tal y cual como se prometió. “Cambiar el ADN de la educación no pasará de otro eslogan de campaña -como el 6% del PBI que tampoco se cumplirá-.

Durante las 9 horas que duró la sesión del Senado la Ministra no pudo demostrar que haya un cambio de rumbo en la educación. El “ADN” nuevo  es una clonación del viejo ADN, un maquillaje sin sustancia que no revertirá ninguno de los problemas que tiene el sistema.

 La Ministra de Educación y los integrantes del Codicen no tienen la jerarquía, planes ni autoridad para conducir la educación pública nacional.

 La realidad que el gobierno no quiere ver ni cambiar es la que ven los padres día a día. La mayor evidencia de que la educación pública es una máquina de exclusión es que los padres que pueden pagar la educación privada, lo hacen. Porque allí tienen garantizado cierto nivel de aprendizaje, y desde luego, que haya clases. Algo que la pública ni siquiera asegura.

 Véase que mientras el martes 29, desde Nueva York, el Presidente Vázquez exhortaba a los padres a enviar a sus hijos a las escuelas y liceos los días de paro, asegurando que los centros iban a estar abiertos, la propia Directora de Primaria, al día siguiente, afirmaba que no se podía garantizar que las escuelas estén abiertas los días de paro. ¡De Ripley!

 Hoy la educación pública es una opción residual. Nadie manda sus hijos a la pública si puede pagar la privada. Eso entraña una enorme injusticia social.

 Más aún, hay una diferencia de resultados entre lo público y lo privado que hace que haya un fenómeno de privatización de las oportunidades. Los que van a lo privado tendrán mejores oportunidades y los de la pública, a remarla contra la corriente. Esto es inaceptable para nuestra sociedad.

 El filósofo español Fernando Savater dice que la educación es la antifatalidad por excelencia, lo que hace que el hijo del pobre deje de ser pobre, lo que libera verdaderamente. Eso no ocurre aquí. Aquí, como estamos, desde el origen estamos determinando el destino. Y repito, es la mayor injusticia social que podemos cometer.

 Nos preocupa que el gobierno se permita rendirse ante el conformismo y ante los corporativismos.

 Los vimos en estos días, donde el Codicen ha permanecido ausente. No se lo escuchó cuando se declaró la huelga, cuando se decretó la esencialidad, cuando el desalojo de sus oficinas. Permaneció callado, sus consejeros permanecieron “desaparecidos en inacción”.

El día de la sesión se nos dijo de parte de la ministra que “había un equipo” conformado por el MEC y ANEP. Sin embargo, ese equipo tiene visiones diferentes y hasta dos presupuestos. Dos presupuestos bien distintos.

 Las desavenencias entre el MEC y ANEP son cada vez más evidentes. No hay un equipo, hay por lo menos dos.

 A nivel presupuestal Anep envió al Parlamento un presupuesto donde pide, para el bienio 2016-2017, 400 millones de dólares más de lo que ofrece el Poder Ejecutivo. Con las mismas metas que el gobierno, por lo cual o Anep pide de más o el gobierno da de menos.

 Lo peor de esto, es que sabemos quiénes serán las víctimas, los alumnos y sus padres. Porque  se promete lo que no se va a cumplir. 

 La perla de las inconsistencias presupuestales, es que ANEP apuesta a un plan de obras aspiracional y voluntarista. El 38% de la obras serían financiadas por el procedimiento de la Participación Pública Privada. 165 obras  con un costo de unos 376 millones de dólares, jugadas a un instrumento que lamentablemente hasta ahora, no ha dado los resultados esperados. No hay seriedad en ese planteo.

 Todo esto revela que la educación en nuestro país es un barco a la deriva ante la falta de conducción del Ejecutivo y las demandas, paros y exigencias de los sindicatos.

 Se percibe que en el gobierno hay desorientación y desorden. Desorientación porque no hay rumbo. Y desorden porque no hay claridad ni autoridad. A cada orden, viene una -o más-, contraorden. Lo más sintomático fue la declaración de esencialidad donde se impusieron, una vez más, los grupos corporativos. Les doblaron el brazo al Presidente y a la Ministra.

 Con ello, sin cambios en la educación, sin mejoras sustanciales, lo que se le está haciendo a los padres y los alumnos que confían en la educación pública, que pretenden que la escuela o el liceo le brinde herramientas para desarrollarse en la vida, es una estafa.

 Se está birlando el futuro de miles de uruguayos.

 Muchos escribas y opinólogos preguntan en dónde está la oposición; si se tomaran el trabajo de leer la versión taquigráfica de la presencia de la Ministra y el Codicen en el Senado de la República, se darían cuenta que ejercimos la denuncia y evidenciamos las contradicciones y  la ausencia de planes por parte de las autoridades educativas.

 Estamos ante un panorama patético de fragilización de la educación, que no hace más que resaltar la pérdida de valores que en todos los órdenes se está viendo en la sociedad uruguaya.

 Lo del título, afirmado por la  Dra. Muñoz, es patético, soberbio y cruel con el destino del único instrumento que puede dar libertad a nuestra juventud.

Por Jorge Larrañaga

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