“Ni una menos”, no es una consigna, es una obligación

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Algo muy grave ocurre en nuestra sociedad desde hace muchos años. Resulta muy difícil reconocernos con respecto a nuestra autopercepción histórica. Hoy, y desde hace varios años, Uruguay lidera las estadísticas regionales en la tasa de homicidios de mujeres por sus parejas. Un horror auténtico, una mancha que afecta nuestra vida social de una manera espantosa.

Es terrible asumir la condición de estar en el peor lugar de una región que, además, se ha caracterizado por el “machismo” y por la reivindicación de una cultura contraria a la equidad de género.

Es probable que el resultado tenga que ver con el trabajo que se ha hecho desde la aprobación de la ley de violencia doméstica en nuestro país, hace más de una década, que permitió avanzar en convertir en un “asunto público” lo que antes se escondía puertas adentro de los hogares. Puede ser que en algunos países de la región este tema continúe oculto y que las cifras sean menos auténticas que las nuestras.

Pero eso no es excusa, porque independientemente de las estadísticas comparadas, los casos en nuestro país son horriblemente frecuentes y absolutamente inaceptables. Hieren nuestra concepción de una sociedad democrática y pacífica.

¿Cómo se explica esta realidad? Sin ninguna duda es la consecuencia de un modo de convivencia y una cultura que debe generar espanto.

La mujer decide interrumpir la relación de pareja, con todo su derecho y voluntad. En muchos casos esta decisión ocurre porque ya el hombre ha cometido actos de violencia hacia su pareja; pero no es necesario que ese sea el motivo. La mujer tiene el legítimo derecho, al igual que el hombre, a decidir la interrupción del vínculo de pareja por los más variados y diversos motivos. Es su decisión y tiene todo el derecho a hacerlo.

Pero el hombre, en muchos casos, no acepta esa decisión porque cree que la mujer es su posesión o porque está herido en su orgullo “machista” o porque siente que es injusto o por los motivos que sean o porque pretende una superioridad que en muchos casos esconde un complejo de inferioridad y comienza o continúa ejerciendo violencia física o psicológica sobre la mujer.

Hasta aquí llega el fenómeno patológico en su núcleo básico, referido a la relación de pareja. Pero a ello se agrega el entorno cultural. Las denuncias de la mujer ante las amenazas o hechos violentos protagonizados por su pareja o su ex pareja son, en muchos casos, subestimadas, discutidas o incluso ocultas por un entorno social que no termina de asumir el derecho de la mujer a separarse, dejar o abandonar a su pareja o a no ser objeto de violencia bajo ninguna circunstancia.

El caso de Valeria Sosa ha tenido la característica de contener en su horrendo desenlace, todas las condiciones que hablan de pautas culturales, aún vigentes en la sociedad, que permiten la continuidad de esta barbarie.

El horror de la violencia, entonces, se abre paso ante la omisión, ocultamiento o, incluso, justificación del accionar del hombre. La información que ha circulado indicando que el asesino de Valeria Sosa, habría explicado a sus hijos (frente a los que mató a su ex pareja) que “la castigó porque ella se portó mal”, es el colmo de la barbarie. Del mismo modo la gravísima omisión de los funcionarios policiales de informar sobre las denuncias previas y, también, la decisión judicial inmediata e inentendible de dejar a los hijos en manos de los padres del matador.

La violencia de género tiene un origen vinculado a la concepción machista de nuestra sociedad y se anida y crece, en muchos casos, en los vínculos de pareja; pero se consolida y ampara en la complicidad de una sociedad que justifica, minimiza u oculta la tragedia existente.

La solución de fondo es la erradicación de una cultura de violencia, discriminación y superioridad de género que resiste y se mantiene en mucho mayor medida de lo que los uruguayos muchas veces creemos o estamos dispuestos a aceptar.

Se podrán modificar las normas vigentes y, en tal sentido, estamos en línea con el apoyo a esas iniciativas que perfeccionen el sistema de prevención y represión de esta lacra. Pero la cuestión de fondo es que nuestra sociedad construya un cambio cultural profundo que es necesario canalizar a través de la educación formal, de los medios de comunicación, de las redes sociales y de la reacción firme y enérgica de los referentes políticos, sociales, deportivos y culturales de nuestro país.

Para que ello ocurra, el combate a este horror debe ser prioridad de nuestra agenda pública. Minimizar, disimular, justificar, disminuir el impacto o, simplemente, mirar para otro lado es ser, en cierto grado, cómplices de la barbarie. Tenemos que generar un compromiso activo de cambio en esta realidad vergonzante que nos pega en la dignidad como sociedad civilizada. Hasta que ello no ocurra, seguiremos sintiendo vergüenza por estos aspectos de nuestra vida social.

Por Pablo Mieres

Trump y el grave error de subestimar su impacto

 

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El analista español, José Ignacio Torreblanca, sintetizaba en forma muy acertada las características del flamante gobierno de Trump al decir que estaba: “adoptando un rumbo aislacionista en lo político, proteccionista en lo económico, y xenófobo en lo identitario y cultural”. Esta frase era parte del artículo que publicó días pasados en El País de Madrid titulado “El suicidio anglosajón” y estaba referido también al rumbo del gobierno británico de Theresa May.

Efectivamente, los apenas siete días de la nueva administración norteamericana confirman las peores expectativas, puesto que está cumpliendo con sus lamentables promesas de campaña.

Las consecuencias de esta política tampoco han tardado en comenzar a expresarse. Crisis política con México en torno al muro y a su financiamiento, resquebrajamiento del NAFTA, retirada del TPP, fin de la política de recepción de refugiados, anuncio imperial en Naciones Unidas señalando que revisarán los aportes a ese organismo y marcarán a los países que no acompañen sus políticas, declaraciones favorables a la tortura. Y podíamos seguir sumando decisiones y declaraciones que indican, sin dudas, el comienzo de una nueva época de preocupantes características para la estabilidad mundial.

Lo que está ocurriendo es muy grave y es aconsejable dejar de lado las especulaciones ingenuas que intentan subestimar la voluntad de Trump o relativizan las posibilidades de concretar sus objetivos. Es cierto que la institucionalidad norteamericana establece límites al mandato presidencial y también es cierto que existe un sistema de “pesos y contrapesos” que seguramente se pondrá en marcha. De hecho en las últimas horas nos enteramos que en la Justicia norteamericana se activó un freno a la orden ejecutiva de suspender todas las admisiones de refugiados.

Pero no menos cierto es que estamos ante una personalidad despótica y autócrata, que cree que gobernar un país es un proceso similar al manejo de sus empresas. Esto puede ameritar un fuerte incremento de la conflictividad institucional con el transcurrir del tiempo.

Hace unos días nuestro amigo y compañero, Hebert Gatto, con gran acierto, señalaba, en el marco de una de las mesas de En Perspectiva, que no hay que subestimar el impacto que generará el gobierno de Donald Trump, vinculando sus contenidos y posturas con los modelos populistas autoritarios que han existido tanto en nuestra región como en algunos países de Europa en el pasado (no tan remoto) que culminaron con verdaderas catástrofes.

En esa intervención, Hebert Gatto invitaba a no confundir la explicación del fenómeno de Trump con la justificación. Esta confusión comienza a detectarse con demasiada frecuencia.

Obviamente, hay muchas razones que explican el triunfo de Trump. Graves defectos del establishment americano, abuso de poder de corporaciones y del sistema político, miedo al terrorismo y al inmigrante, pérdida de seguridades laborales y de ingresos de sectores medios. Y podríamos seguir porque la lista es muy grande.

Pero todas las explicaciones posibles, que son válidas y de fondo, no deben transformarse en una justificación para un gobierno que busca impulsar un conjunto de medidas que implican un retroceso de civilización. Un retroceso en los valores de las sociedades democráticas, despreciando el pluralismo, la tolerancia y el derecho a la diferencia.

Esta nueva orientación, además, afectará nuestros intereses comerciales y económicos. Un retorno al proteccionismo comercial a escala mundial nos afectará muy negativamente puesto que somos un país exportador; pero además también afectará nuestra capacidad de captar inversión extranjera, puesto que las nuevas reglas de juego buscarán reorientar esos capitales hacia las economías centrales.

Un mundo marcado por la emergencia de un nuevo nacionalismo rampante, intolerante, xenófobo y agresivo que, además, posiblemente se extienda a varias sociedades europeas, sólo puede avizorar graves dificultades para la paz y la convivencia mundial. Ese es el nuevo tiempo que enfrentamos.

Estos son los momentos en los que no hay que confundirse ni titubear y expresar con claridad y contundencia la reafirmación de los valores fundamentales de la democracia, el pluralismo y la libertad.

Por Pablo Mieres

No distraer la atención: La cuestión es la Inseguridad

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Todos los dirigentes políticos sabemos que nuestro país está muy lejos de vivir un clima de inestabilidad institucional. Sólo al partido de gobierno le conviene generar ese debate para confundir las críticas a sus graves debilidades en la gestión de gobierno con ataques a la institucionalidad.

Se veía venir. En oportunidad del debate sobre la Rendición de Cuentas, ya la estrategia de la bancada frenteamplista fue identificar los cuestionamientos y las críticas a la gestión de gobierno con supuestos ataques a la estabilidad institucional del país, sobre eso escribimos hace un par de semanas. Es una estrategia política para desviar la atención de sus cada vez más visibles y expuestas debilidades y diferencias crecientes.

Un eventual ataque a la institucionalidad permite que el Frente Amplio se abroquele en defensa de su gobierno y busque el esquivo y menguante respaldo ciudadano en la defensa de las instituciones y la democracia. El síndrome de Brasil es un buen aliado para intentar victimizarse y reclamar la defensa del gobierno, aunque su gestión sea mala o muy mala.

También sirve para ocultar las crecientes diferencias internas. Por ejemplo, no es un asunto institucional menor que el sector político del Vicepresidente de la República cuestione públicamente la política internacional del Presidente, nos referimos al cuestionamiento de la firma del Tratado con Chile. ¿Eso no es una afectación a la institucionalidad? ¿No es preocupante que el sector interno al que pertenece un Vicepresidente de enorme desprestigio en vez de apoyar al Presidente, que lo ha defendido contra toda lógica, salga a cuestionar su estrategia internacional? ¿No existe falta de lealtad del Vicepresidente hacia el Presidente?

Pues bien, la estrategia del Frente Amplio encontró su coartada más exitosa a partir de un grueso error político de quien impulsó el llamado a Sala al Ministro del Interior por el grave problema de la inseguridad, al dar un paso más y adelantar una imposible disolución del Parlamento con convocatoria a elecciones anticipadas.

Disparatada hipótesis que nosotros rechazamos inmediatamente por ser inconveniente e imposible. Inconveniente porque nada sería más contrario a la sintonía con la ciudadanía que embarcar al país en una campaña electoral para elegir un nuevo Parlamento. Nos parece que nuestro país no debe embarcarse hoy en día en una campaña electoral que radicalizaría absolutamente el debate político nacional y, quizás, en ese caso sí se deterioraría el clima institucional.

Pero, más allá de estas valoraciones, es evidente que se trata de una hipótesis imposible porque para que ello ocurriera, debería haber un voto de censura al Ministro del Interior de alguno de los senadores del Frente Amplio, lo que es notoriamente absurdo.

Desde que se aprobó la Constitución de 1967, nunca se aplicó lo previsto en los artículos 147 y 148 del texto constitucional, más allá de que ha habido numerosos pedidos de censura sin resultado positivo. Sólo una vez, en 1968, se avanzó y, en ese caso, el resultado culminó con la sustitución del ministro antes de ir a elecciones anticipadas.

Entonces, ¿por qué se reacciona como si hubiera existido un intento de desestabilizar a las instituciones? Porque en esa hipótesis el Frente Amplio cambia el eje de la discusión y busca poner a parte de la oposición en el “banquillo de los acusados”.

Basta de fantasías y fuegos de artificio. Lo único real es que la crisis de inseguridad ha llegado a niveles cada vez más altos y corresponde reclamar una rendición de cuentas al gobierno por su gestión en ese campo.

Nosotros promovimos el diálogo sobre seguridad y creemos que fue positivo porque permitió un acuerdo sobre un conjunto de normas legislativas que, a nuestro juicio, ayudarán a mejorar las condiciones del combate a la delincuencia. Sin embargo, la gestión concreta de la política de seguridad, las estrategias de combate al delito, las orientaciones para distribuir a la policía en el territorio no fueron parte del diálogo y son de exclusivo resorte del gobierno.

Es más, creemos que en ese aspecto la gestión ministerial es equivocada por distanciarse expresamente de las realidades locales y obviar el trabajo barrial preventivo, para concentrarse en el combate al delito desde la distancia territorial y focalizado en el momento o después de que el delito se comete.

Pues bien, en ese campo se observan dificultades para revertir el espeso clima de inseguridad que, cada tanto, genera episodios que operan como “gotas que desbordan el vaso”.

Nosotros estamos convencidos de que el combate a la delincuencia es un tema extremadamente complejo en el que nadie tiene la “varita mágica”. Es más, en una perspectiva de largo plazo, todos y cada uno de los gobiernos democráticos pertenecientes a diferentes partidos terminaron sus respectivas gestiones con un empeoramiento de la situación de seguridad.

El problema es que la inseguridad es cada vez mayor y que este equipo de trabajo ya lleva más de seis años a cargo sin alcanzar resultados sustantivos que reviertan la tendencia. Conviene preguntarse si no es el momento de una renovación.

El debate parlamentario es necesario e imprescindible, aunque en este clima político, dudamos de que sea útil o eficaz para aportar a la gravísima problemática que estamos viviendo.

Nosotros no entramos, ni entraremos en la manija de la inestabilidad institucional, ni tampoco en la manija de anunciar que se irá hasta las últimas consecuencias generando un dramatismo inconveniente e irreal.

Bajar la pelota y actuar con sensatez y responsabilidad es la obligación de estas horas. Particularmente por respeto a las víctimas de la delincuencia y sus familiares.

Pablo Mieres

 

Lo que buscamos en mayo

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Las elecciones departamentales no son, precisamente, instancias fáciles para todos aquellos partidos que no tienen chances altas de alcanzar la Intendencia Departamental.

En efecto, se trata de una elección a una sola vuelta, por lo que todo se juega por mayoría (relativa o absoluta) y los votantes no tienen una segunda oportunidad de votación.

Además la integración del deliberativo departamental se realiza por mayoría absoluta para el partido ganador con independencia del porcentaje que este haya alcanzado en el voto popular, por lo que las Juntas Departamentales funcionan con mayoría automática a favor del Intendente. Esto lleva a que el voto a ediles sea menos significativo para los ciudadanos que el voto al Parlamento en las elecciones nacionales.

Bajo estas condiciones las elecciones se polarizan entre los candidatos y partidos que pueden alcanzar la Intendencia. Entonces para los partidos más chicos la elección de mayo se vuelve muy a contramano. Incluso hay casos en donde un partido aparece con tanta distancia que termina capturando el  voto de la gran mayoría de los ciudadanos, en perjuicio del segundo y de los demás partidos en ese Departamento.

Basta mirar los resultados de las instancias electorales de los últimos años para confirmar las tendencias a la concentración del voto entre los dos partidos más fuertes o, incluso en el partido mayoritario.

Sin embargo, el Partido Independiente ha decidido dar lucha en doce Departamentos mediante la presentación de candidatos propios a la Intendencia, a la Junta y a los Municipios. Justamente, porque cada vez parece más necesario contrarrestar las tendencias al exclusivismo y rescatar la importancia de las voces plurales. Por eso mismo, y no por cálculos particulares, reivindicamos y reclamamos el voto cruzado entre el nivel departamental y el nivel municipal; porque creemos que se deben abrir los cauces para la expresión plural de las diferentes alternativas políticas.

El Partido Independiente dará a los ciudadanos que se sienten identificados con esta fuerza política, la posibilidad de expresarse electoralmente y buscar a través de ese pronunciamiento, la posibilidad de tener voz en los asuntos departamentales y locales que tienen que ver con las decisiones relacionadas con las condiciones de vida cotidiana de cada localidad.

Las reglas de juego han edificado un funcionamiento de los gobiernos departamentales con poco margen para expresar las disidencias y para controlar la gestión departamental. Por eso es imprescindible rebelarse y participar para lograr una voz que permita mantener presencia durante el próximo período de gobierno en cada uno de los territorios del país.

La gente no solo elige en mayo al Intendente, también tiene que elegir qué tipo de partido de oposición quiere. En qué alternativas quiere depositar las esperanzas de defensa de sus intereses ante eventuales abusos de poder o multiplicación de ineficiencias.

Pensemos en Montevideo. El Frente Amplio busca su sexto gobierno seguido, a pesar de sus fracasos, desencantos, burocratización, endeudamiento y graves ineficiencias.

Conviene preguntarse por qué, a pesar de la pésima evaluación que el gobierno departamental del Frente Amplio ha recibido de los montevideanos, sin embargo estos parecen volver a preferir “malo conocido”.  Por qué, una y otra vez, los vecinos de Montevideo vuelven a votar a favor de gobiernos que han sido fracasados y cuestionados. Incluso han preferido votar en blanco antes que apoyar a una alternativa diferente.

Una de las razones es que el Frente Amplio en Montevideo se ha vuelto un partido mayoritario y, por lo tanto, mucha gente vota entre las alternativas que ofrece ese partido porque sabe que es el que va a ganar. Pero la otra es que no han visto una alternativa política real para sustituirlos en el gobierno.

Blancos y colorados creyeron que el problema era de técnica electoral y decidieron arbitrar los modos jurídicos de sumar votos para demostrar a la ciudadanía que podían matemáticamente ganarle al Frente Amplio. Pero visto los resultados, se olvidaron de que eso no es suficiente si no va acompañado de una propuesta política y programática seria y desarrollada en la que la gente pueda sentir que confía como alternativa para gobernar.

El Partido de la Concertación se ha sumido en un proceso paradójicamente desconcertante de errores, de “idas y venidas”, de crisis y conflictos internos, que culminaron con una oferta electoral compuesta por tres candidatos que carecen de antecedentes como gobernantes ni como dirigentes políticos.

No son políticos. No tienen en su haber la experiencia de la gestión pública. No han sido candidatos. No han sido representantes de ciudadanos. Son personas muy respetables, pero no dan a los ciudadanos una alternativa de gobierno, en el sentido político del término.

Del otro lado, el Frente Amplio no sólo potenció su competencia interna, sino que lo hizo en torno a dos figuras políticas de larga trayectoria y primer orden en el panorama nacional. Así las cosas, los resultados parecen ser bastante obvios.

Pues bien, en ese panorama, la única alternativa opositora que ofrece un candidato político, de trayectoria, con experiencia de larga data, tanto en el plano nacional como departamental, es nuestro partido a través de la figura de Iván Posada.

Edil por dos períodos, candidato a Intendente en 1994, diputado por Montevideo desde hace veinte años. Conocedor de la problemática de nuestra ciudad, pero además con larga experiencia política. Es un dirigente con experiencia de representación y capaz de expresar y defender las aspiraciones ciudadanas.

Por eso, entre los montevideanos que están hartos de cinco gobiernos frenteamplistas, pero que saben que debido a los graves errores de los partidos tradicionales, resulta muy probable que el Frente Amplio vuelva a mantener el gobierno, la cuestión es qué oposición apoyarán para controlar y cambiar la capital.

La cuestión es entre una concertación desorientada y sin peso político propio o un partido joven que se va consolidando en el país y que ofrece una opción firme y enérgica para controlar desde la fuerza que emerge de una opción moderna, nueva y sin desgaste.

Esperemos ser dignos de recibir la confianza para demostrar que no desaprovecharemos la oportunidad.

Por Pablo Mieres

La Oposición o las Oposiciones

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Hay una cosa que es muy clara, no alcanza con que el Frente Amplio muestre notorios y variados síntomas de cansancio, agotamiento y, sobre todo, de exceso de apego al poder por el poder como si fuera un fin en sí mismo. Que el proyecto del Frente Amplio esté agotado y que, además, esté defraudando en su prédica histórica sobre los principios y valores que deben orientar la acción política, no es suficiente para que opere la alternancia.

Es necesario que exista, además, una opción alternativa capaz de generar entusiasmo y propuestas que provoquen confianza y credibilidad en un número suficiente de ciudadanos para producir el cambio político. Faltan tres años, lo que es mucho y poco tiempo a la vez.

El desgaste del Frente Amplio en el gobierno no es sólo una percepción de dirigentes, todas las encuestas coinciden en que, comparado con el respaldo que ese partido obtenía cinco años atrás, ha perdido diez puntos porcentuales y más de quince con respecto a su votación de octubre de 2014.

Si a este panorama se agrega la gran incertidumbre sobre cómo se dilucidará la candidatura presidencial en el partido de gobierno y, además, las notorias y crecientes desavenencias internas existentes, todo indica que la elección de 2019 tendrá un importante componente de incógnita. La idea de que puede haber un final de ciclo se ha instalado en el debate político, tanto entre los que estamos en la cancha como entre los analistas.

Pues bien, sin embargo, no se puede considerar a la oposición política como un fenómeno homogéneo o único, capaz de sumarse como si todos fuéramos la misma cosa. No hay oposición, sino que hay oposiciones; no existe un líder de la oposición, ni tampoco existen líderes de la oposición. Existen múltiples partidos y líderes de diferentes oposiciones.

En efecto, se pueden identificar, al menos, tres espacios opositores.

Está la oposición que representa Unidad Popular, es decir una opción a la izquierda del Frente Amplio, que cuestiona a este partido por abandonar los postulados clásicos de la izquierda más ortodoxa, promoviendo una mayor intervención del Estado y un fuerte cuestionamiento al funcionamiento capitalista, entre otras posturas.

En la otra punta están las alternativas que representan las opciones mayoritarias de los partidos tradicionales, a la que se podría sumar la opción que promueve Novick, que proponen una opción ubicada hacia la derecha del espectro ideológico, con mayor énfasis en el papel del mercado, menor énfasis en las políticas sociales y fuerte acento en una propuesta que cree en la mayor penalización como camino de recuperación de la seguridad.

Finalmente, está la oposición que debe ofrecer a los ciudadanos una alternativa de cambio, con énfasis en la ética de la política, con una fuerte e indiscutida afirmación del Estado de Derecho y el apego a la institucionalidad por encima de amistades o preferencias ideológicas, abierta al mundo, con políticas sociales sólidas y maduras, dejando jugar a los actores empresariales en el mercado con libre competencia, pero con un Estado atento a corregir las inequidades que genera la mera libertad económica.

Lo importante es que este tipo de postura está presente en sectores y dirigentes que hoy están en el partido de gobierno, en nuestro Partido Independiente y en los dos partidos históricos. La construcción de una alternativa socialdemócrata representa la tercera oposición. Como se sabe, en eso estamos nosotros trabajando.

Por todo lo expuesto, no se puede hablar de la oposición, sino de las oposiciones. Le haría mal al país presentar la idea de que las alternativas opositoras son todas lo mismo. No lo somos.

El Uruguay necesita un sinceramiento. Que los que pensamos igual votemos juntos, que existan opciones claras, distintas y coherentes. De eso se trata lo que está en debate en estos años. No la sumatoria de “todos contra el Frente”, no el disimulo de las diferencias entre las opciones alternativas.

Es más, no sería bueno para el país caer en otra conducción heterogénea y contradictoria, como es actualmente el Frente Amplio. Las oposiciones deben ofrecerle a la ciudadanía toda su riqueza y diversidad; eso es parte del proceso de alternancia que nuestro país, más tarde o más temprano, deberá transitar.

Luego, el tiempo y el voto de la ciudadanía dirá qué articulaciones deberán ocurrir para el ejercicio del gobierno. Pero ese es otro tiempo.

Pablo Mieres

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