No distraer la atención: La cuestión es la Inseguridad

mieres

 

Todos los dirigentes políticos sabemos que nuestro país está muy lejos de vivir un clima de inestabilidad institucional. Sólo al partido de gobierno le conviene generar ese debate para confundir las críticas a sus graves debilidades en la gestión de gobierno con ataques a la institucionalidad.

Se veía venir. En oportunidad del debate sobre la Rendición de Cuentas, ya la estrategia de la bancada frenteamplista fue identificar los cuestionamientos y las críticas a la gestión de gobierno con supuestos ataques a la estabilidad institucional del país, sobre eso escribimos hace un par de semanas. Es una estrategia política para desviar la atención de sus cada vez más visibles y expuestas debilidades y diferencias crecientes.

Un eventual ataque a la institucionalidad permite que el Frente Amplio se abroquele en defensa de su gobierno y busque el esquivo y menguante respaldo ciudadano en la defensa de las instituciones y la democracia. El síndrome de Brasil es un buen aliado para intentar victimizarse y reclamar la defensa del gobierno, aunque su gestión sea mala o muy mala.

También sirve para ocultar las crecientes diferencias internas. Por ejemplo, no es un asunto institucional menor que el sector político del Vicepresidente de la República cuestione públicamente la política internacional del Presidente, nos referimos al cuestionamiento de la firma del Tratado con Chile. ¿Eso no es una afectación a la institucionalidad? ¿No es preocupante que el sector interno al que pertenece un Vicepresidente de enorme desprestigio en vez de apoyar al Presidente, que lo ha defendido contra toda lógica, salga a cuestionar su estrategia internacional? ¿No existe falta de lealtad del Vicepresidente hacia el Presidente?

Pues bien, la estrategia del Frente Amplio encontró su coartada más exitosa a partir de un grueso error político de quien impulsó el llamado a Sala al Ministro del Interior por el grave problema de la inseguridad, al dar un paso más y adelantar una imposible disolución del Parlamento con convocatoria a elecciones anticipadas.

Disparatada hipótesis que nosotros rechazamos inmediatamente por ser inconveniente e imposible. Inconveniente porque nada sería más contrario a la sintonía con la ciudadanía que embarcar al país en una campaña electoral para elegir un nuevo Parlamento. Nos parece que nuestro país no debe embarcarse hoy en día en una campaña electoral que radicalizaría absolutamente el debate político nacional y, quizás, en ese caso sí se deterioraría el clima institucional.

Pero, más allá de estas valoraciones, es evidente que se trata de una hipótesis imposible porque para que ello ocurriera, debería haber un voto de censura al Ministro del Interior de alguno de los senadores del Frente Amplio, lo que es notoriamente absurdo.

Desde que se aprobó la Constitución de 1967, nunca se aplicó lo previsto en los artículos 147 y 148 del texto constitucional, más allá de que ha habido numerosos pedidos de censura sin resultado positivo. Sólo una vez, en 1968, se avanzó y, en ese caso, el resultado culminó con la sustitución del ministro antes de ir a elecciones anticipadas.

Entonces, ¿por qué se reacciona como si hubiera existido un intento de desestabilizar a las instituciones? Porque en esa hipótesis el Frente Amplio cambia el eje de la discusión y busca poner a parte de la oposición en el “banquillo de los acusados”.

Basta de fantasías y fuegos de artificio. Lo único real es que la crisis de inseguridad ha llegado a niveles cada vez más altos y corresponde reclamar una rendición de cuentas al gobierno por su gestión en ese campo.

Nosotros promovimos el diálogo sobre seguridad y creemos que fue positivo porque permitió un acuerdo sobre un conjunto de normas legislativas que, a nuestro juicio, ayudarán a mejorar las condiciones del combate a la delincuencia. Sin embargo, la gestión concreta de la política de seguridad, las estrategias de combate al delito, las orientaciones para distribuir a la policía en el territorio no fueron parte del diálogo y son de exclusivo resorte del gobierno.

Es más, creemos que en ese aspecto la gestión ministerial es equivocada por distanciarse expresamente de las realidades locales y obviar el trabajo barrial preventivo, para concentrarse en el combate al delito desde la distancia territorial y focalizado en el momento o después de que el delito se comete.

Pues bien, en ese campo se observan dificultades para revertir el espeso clima de inseguridad que, cada tanto, genera episodios que operan como “gotas que desbordan el vaso”.

Nosotros estamos convencidos de que el combate a la delincuencia es un tema extremadamente complejo en el que nadie tiene la “varita mágica”. Es más, en una perspectiva de largo plazo, todos y cada uno de los gobiernos democráticos pertenecientes a diferentes partidos terminaron sus respectivas gestiones con un empeoramiento de la situación de seguridad.

El problema es que la inseguridad es cada vez mayor y que este equipo de trabajo ya lleva más de seis años a cargo sin alcanzar resultados sustantivos que reviertan la tendencia. Conviene preguntarse si no es el momento de una renovación.

El debate parlamentario es necesario e imprescindible, aunque en este clima político, dudamos de que sea útil o eficaz para aportar a la gravísima problemática que estamos viviendo.

Nosotros no entramos, ni entraremos en la manija de la inestabilidad institucional, ni tampoco en la manija de anunciar que se irá hasta las últimas consecuencias generando un dramatismo inconveniente e irreal.

Bajar la pelota y actuar con sensatez y responsabilidad es la obligación de estas horas. Particularmente por respeto a las víctimas de la delincuencia y sus familiares.

Pablo Mieres

 

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