Que no sea un cuento chino

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En estos días el gobierno uruguayo aceleró los contactos con China en la búsqueda de avanzar en la firma de un TLC con ese país. La intención es absolutamente compartible, puesto que no sólo es del caso señalar que se trata del mercado más grande del mundo y al que Uruguay puede vender buena parte de sus productos, sino que además el mundo está registrando rápidos movimientos de negociación comercial que van a cambiar totalmente la configuración del comercio mundial en pocos años.

Esta reestructuración mundial, que tiene como impulsos centrales los acuerdos Transpacífico y Transatlántico, determina una urgente necesidad de desarrollar una estrategia inteligente y veloz para que nuestro país aproveche oportunidades y, también, neutralice los efectos más negativos de esa reestructuración.

El problema es que estamos formando parte de uno de los bloques regionales más lentos y encerrados del mundo. En efecto, durante largos años el Mercosur dedicó sus esfuerzos a la sucesión de discursos retóricos plenos de una dialéctica hueca e ideologizada, mientras ratificaba sus reflejos más proteccionistas y alejados de la búsqueda de acuerdos comerciales abiertos.

Uruguay padeció, en un patético silencio, el referido encierro y se limitó a incorporar sus correspondientes discursos de complacencia ideológica. Un verdadero error de posicionamiento que nos ha salido muy caro y del que, quizás, todavía no tengamos cabal idea de cuán caro resultó.

Desde que cambió el gobierno, el año pasado, una de las políticas que mayores modificaciones exhibe es la política exterior. En efecto, la Cancillería liderada por Rodolfo Nin Novoa y su equipo ha definido una estrategia ampliamente compartible en casi todos los temas.

Ha apostado a recuperar la profesionalización del servicio exterior reduciendo la vergonzosa lista de embajadores políticos que pasó de veintiuno, al final del período de Mujica, a ocho en tan solo un año y medio. Además derogó la norma que creó la figura de los embajadores itinerantes, indignante denominación para un pequeño grupo de “amigos” del presidente que cobraban sueldo de embajadores por no hacer nada que tuviera que ver con las relaciones exteriores.

La Cancillería también cambió su estrategia de relacionamiento internacional, anunciando una y otra vez, la necesidad de la urgente apertura al mundo y la búsqueda de firmar acuerdos comerciales con terceros países o regiones. En tal sentido, pretendió avanzar en las  negociaciones del TISA, aunque una decisión burocrática e ideologizada del Plenario del Frente Amplio determinó que el gobierno decidiera apartarse de ese ámbito de negociación.

Ahora con acierto se busca avanzar en un acercamiento comercial al Océano Pacífico en tres direcciones simultáneas. Con la Alianza del Pacífico integrada por cuatro países latinoamericanos, mediante un acercamiento al Acuerdo Transpacífico y con China bilateralmente.

Esta postura es totalmente acertada, sobre todo si se tiene en cuenta que todo indica que así como en los tiempos recientes el centro mundial del comercio estuvo situado en el Océano Atlántico, ahora se desplaza rápidamente hacia el Océano Pacífico y, por lo tanto, más lejos de nuestra ubicación geográfica. Lo que obliga a hacer movimientos rápidos e inteligentes.

La visita del Canciller a China y el anuncio de la visita del Presidente Vázquez a ese país el año próximo, deben celebrarse con énfasis. Son jugadas estratégicas de altísima importancia para nuestro país.

No hay que olvidar que nuestros competidores también juegan y que, particularmente, Australia y Nueva Zelanda, que producen y venden los mismos productos que nosotros al mundo, están mucho más avanzados y mejor posicionados que nosotros, puesto que han consolidado los acuerdos comerciales que nosotros apenas estamos tratando de edificar.

En tal sentido, seguir esperando la autorización del bloque regional, lento y perezoso, para que nos autoricen expresamente a negociar en forma bilateral, asumiendo equivocadamente que se debe respetar la Resolución 32/00, convertida en una suerte de prisión comercial autoasumida, es un grave error.

De nada servirán estos esfuerzos acertados si no están acompañados de una voluntad decidida de avanzar rápidamente en los próximos meses en los acuerdos con China y en las negociaciones que nos permitan integrarnos a los Acuerdos Transpacífico.

Si no lo hacemos, estaremos hipotecando por décadas nuestro posicionamiento en el mundo. Así de importante y grave es lo que tenemos por delante.

 

Pablo Mieres

Ajuste Fiscal hijo del despilfarro y derroche

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El gobierno justifica el ajuste fiscal de U$ 500 millones que aplicará en los próximos tiempos, sobre la base de dos argumentos principales. En primer lugar, explica que este resulta inevitable debido a un fuerte deterioro del contexto internacional que se expresa en la baja de los precios internacionales de nuestros productos y la crisis económica profunda de nuestros dos vecinos y principales socios, Argentina y, especialmente, Brasil.

El segundo argumento se centra en la decisión de no afectar los programas sociales ni el gasto público referido a la educación. Es decir que no se quieren afectar los recursos asignados a las políticas sociales en general.

Es obvio que el contexto internacional es adverso y que, particularmente, la situación brasilera se ha deteriorado enormemente. También resulta evidente que estas circunstancias constituyen variables independientes que no son manejables ni controlables por el gobierno. Efectivamente, del mismo modo que en los años recientes ese mismo contexto había sido muy favorable a nuestros intereses, ahora es particularmente adverso.

También resulta compartible que no se afecten los recursos destinados a las políticas sociales, sobre todo en un contexto de afectación de la bonanza preexistente.

Entonces, ¿el ajuste fiscal era inevitable? No. Con el mismo contexto y en las mismas circunstancias, el gobierno podría haber evitado este ajuste si hubiera actuado con responsabilidad y austeridad en los tiempos de crecimiento. Esto es absolutamente indiscutible y las evidencias aparecen por todos lados.

El ajuste fiscal es hijo exclusivo del despilfarro y derroche de todos estos años. El gobierno se gastó todo y mucho más. Esa es la verdad contundente.

Y se gastó todo sin hacer las reformas urgentes, profundas e indispensables que eran requeridas. No hubo reforma educativa, no se invirtió en la infraestructura indispensable para mantener la estructura vial y la caminería, tampoco se avanzó un milímetro en la reforma del Estado.

Ni siquiera se cumplió con los famosos “paquetitos” que el ex presidente Mujica dejaría “bien atados”. No hay regasificadora, ni puerto de aguas profundas, ni resurgimiento del ferrocarril. Nada de nada, sólo un enorme agujero fiscal, hijo directo de la “mano abierta” y la irresponsabilidad sin fin.

En 2010 el gobierno de Mujica presentó al Parlamento un presupuesto que proyectaba un déficit fiscal para el final del período, equivalente al 0.8% del PBI; sin embargo, a esa fecha el déficit fiscal alcanzó el 3.6% del PBI, es decir U$ 1.800 millones, lo que equivale a un déficit cuatro veces y media mayor al que se proyectó y su exceso representa casi tres veces el ajuste fiscal que se acaba de proponer.

Es más, sólo con haber controlado un poco el desastre absoluto de ANCAP que es tan solo uno de los asuntos fuera de control en esos años, habría alcanzado y sobrado para pagar el ajuste fiscal propuesto. En efecto, a fines del año pasado el gobierno tuvo que poner U$ 622 millones para tapar el agujero patrimonial de ANCAP, más de lo requerido para el ajuste.

El incremento de empleo público durante el período de gobierno de Mujica equivale a otro ajuste fiscal entero. El Antel Arena, cuya utilidad es más que dudosa, se llevó, por lo menos, U$ 80 millones y los “préstamos no reintegrables” otorgados por el FONDES, sin evaluar la viabilidad de los emprendimientos que recibían tales créditos, representan otros U$ 50 millones gastados sin retorno.

Podríamos seguir haciendo la lista de la enorme irresponsabilidad y despilfarro de estos años, y nada de lo que acabamos de repasar implicaba la afectación del gasto social.

Pero la cosa no terminó con el gobierno de Mujica. Este gobierno proyectó, irresponsablemente su presupuesto, sobre la idea de que el país crecería dos veces y media más de lo que creció. De nada valió que se les dijera, de todas las maneras posibles, que estaban haciendo proyecciones exageradas y excesivamente optimistas. Le erraron feo y el incremento del gasto aprobado el año pasado (U$ 460 millones) equivale prácticamente a los U$ 500 millones que ahora necesitan recortar.

Ni hablemos del engaño de la campaña electoral, cuando se dijo, no una sino cien veces, que no habría incremento de la carga tributaria y que, al revés, habría rebajas impositivas. También se acusó a quienes señalábamos estas vulnerabilidades, indicando que se quería sembrar el miedo y la desesperanza. Por el contrario, la estrategia de campaña del Frente Amplio se fundaba en las “certezas” que ahora han quedado por el piso.

Como si todo esto fuera poco, este ajuste pega, como siempre, en los bolsillos de los asalariados y jubilados. Lo más grave es que se podría haber evitado con un simple manejo responsable de los recursos en los tiempos de bonanza.

Sería bueno que se dejara de engañar a la gente y se asumieran las evidentes responsabilidades que surgen de la enorme irresponsabilidad con la que se actuó en estos años.

Pablo Mieres

Los pueblos excluidos por la inclusión financiera

MIERES

Cada vez que visitamos cualquier pueblo pequeño del interior del país nos encontramos con que los habitantes tienen que “pagar para cobrar sus sueldos y jubilaciones” y “pagar extra para pagar sus cuentas”.

Insólito, ¿no? Pues es absurdamente cierto. Justamente en lugares vulnerables y de escasos recursos, el Estado les ha impuesto nuevas obligaciones que no hacen otra cosa que aumentar los costos para que los vecinos puedan cobrar sus ingresos y pagar sus cuentas.

Efectivamente, la semana pasada en Malabrigo y esta semana en Cebollatí, pero hace un tiempo en Blanquillo o en Pirarajá y podríamos seguir la lista. Siempre es la misma realidad, se obliga a sus habitantes a cobrar sus sueldos a través de una cuenta bancaria, pero no existe ninguna sucursal bancaria ni cajero automático donde esos ciudadanos puedan hacer efectivo el cobro de sus sueldos en el pueblo en que residen.

Entonces tienen que trasladarse cincuenta, sesenta o hasta cien quilómetros para encontrar un lugar en el que puedan hacer efectivo el cobro de sus haberes. ¡Tienen que pagar para cobrar! En Cebollatí, noreste del Departamento de Rocha, los trabajadores pierden un día entero de trabajo por mes para cobrar sus sueldos porque deben tomar un ómnibus para ir hasta Lascano o hasta el Chuy que, obviamente no pasa a cada rato, por lo que entre la ida y la vuelta se pierde la jornada laboral completa. Verdaderamente indignante.

Algo muy parecido pasa con los habitantes de Pirarajá que deben ir hasta Varela o los ciudadanos de Blanquillo que deben trasladarse hasta La Paloma de Durazno o Sarandí del Yí, o la gente que vive en Malabrigo que debe ir hasta San José de Mayo. Sólo algunos ejemplos que se multiplican a lo largo y ancho del país.

Otro tanto ocurre en muchos de estos pueblos para pagar las cuentas, no hay locales de cobranzas y apenas hay algún comercio local que tiene un POS para que los vecinos puedan usar sus tarjetas “obligatorias”.

Obviamente, en muchos de estos casos se generan situaciones indebidas de abusos por parte de algunos vecinos que se aprovechan de estas realidades y cobran comisiones por ir a pagar las cuentas de otros vecinos o por cobrarles el sueldo.

En definitiva, miles de compatriotas sufren los impactos del supuesto “progreso” que se impone haciendo “tabla rasa” con las realidades de un país que es, obviamente, diverso y heterogéneo en sus diferentes realidades.

Seguramente no es un buen negocio para las empresas financieras el ofrecer los servicios en esas localidades. Ciertamente, para un banco la instalación, no ya de una sucursal bancaria, sino de un simple cajero automático es una inversión a pérdida; para las empresas que poseen sus redes de locales de cobranzas tampoco debe ser un buen negocio instalar un local en estos pueblos pequeños.

¿A ninguno de los tecnócratas que, desde sus escritorios en el Ministerio de Economía en el centro de Montevideo, elaboraron esta normativa, se les ocurrió que habría dificultades evidentes para cumplir con lo exigido? ¿No es obvio que el Estado no debería exigir el cumplimiento de ciertas obligaciones si no ofrece la disponibilidad de los instrumentos para que se cumpla?

Se trata, en su gran mayoría, de vecinos con bajos ingresos, que viven en condiciones precarias, con pocos servicios y para los que los traslados exigidos son un costo relevante que afecta su nivel de vida. Muchas veces no pueden abandonar su localidad porque tienen personas a cargo. Hay trabajadores humildes y muchos jubilados de bajos ingresos. Por otra parte, por estar distribuidos en pequeños pueblos a lo largo y ancho del país, no están organizados ni pueden impulsar reclamos colectivos.

Resulta inaceptable que se mantengan este tipo de situaciones en el Uruguay de hoy. Acá existen dos alternativas; o se asume a pérdida, por parte del Estado, la provisión de los servicios que, por otra parte se exigen como obligatorios, o se exonera a los ciudadanos que residen en localidades que no cuentan con los servicios requeridos.

Como si fuera una broma, a la misma hora que visitábamos Cebollatí y nos contaban de estas circunstancias insólitas, nos llamaban desde Sarandí del Yí para informar que en ese mismo momento, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuya oficina local compartía con el Banco de Previsión Social, había resuelto alquilar una oficina propia, pagando veinte mil pesos por mes. ¡Qué contradicciones! Por un lado no hay servicios financieros en los pequeños pueblos porque el Estado no puede asumir nuevos gastos y, al mismo tiempo, se resuelve un aumento de costos para diversificar locales en situaciones que, a todas luces, no parecen imprescindibles.

Paradojas de un funcionamiento estatal muy ineficiente e injusto con los ciudadanos.

Pablo Mieres

Marconi: ¿Por qué llegamos a esto?

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¿Cómo hemos llegado a esta situación, en que la delincuencia ha adquirido un nivel de organización e incidencia tal que desafía la capacidad de control territorial del Estado en algunos barrios?

Esto es consecuencia de la confluencia de tres procesos críticos que han afectado y afectan sustancialmente a nuestra vida colectiva. Por un lado, la declinación y crisis profunda de las dos instituciones que se encargan de trasmitir pautas, normas y valores en cualquier sociedad: la familia y la educación. No hay duda alguna de que ambas instituciones han sufrido una profunda crisis que determinó su defección como espacios de trasmisión y reafirmación de normas y valores fundamentales. Lamentablemente no existen indicios de recuperación; es más difícil desde las políticas públicas incidir en la realidad familiar, pero en la educación se debe señalar con mucha fuerza la enorme responsabilidad de los sucesivos gobiernos de este país que no han emprendido una profunda reforma educativa imprescindible que aun sigue pendiente.

En ese contexto debe agregarse la profunda y aguda crisis económica del 2002. En medio de la declinación de la educación y la familia, los efectos de la crisis tuvieron un impacto muy perverso en la construcción de pautas nuevas de conducta que establecieron rupturas con los patrones tradicionales de una sociedad tolerante, abierta y respetuosa de las reglas de juego. La crisis que llevó las cifras de la pobreza al 35% y de la desocupación al 20% impactó de manera decisiva en una sociedad que perdía las referencias de socialización en forma simultánea.

Pero, para completar el panorama, no se debe olvidar que en forma paralela y tan intensa como las crisis recién mencionadas, se produjo un proceso continuo de declinación de la institución estatal encargada de controlar la seguridad y la paz pública. En efecto, la policía sufrió durante décadas un proceso de deterioro en todas sus dimensiones de funcionamiento; salarios, vestimenta, tecnología, armamento.

Es cierto que a partir de 2010 comienza un proceso de cambio de tendencia, pero hasta ese momento la policía era el peor lugar para ir a trabajar en el Estado, los sueldos eran paupérrimos, no había chalecos antibalas y en algunos momentos, ni siquiera hubo balas para practicar tiro.

Dos más dos son cuatro. Si se nos caen las instituciones que se encargan de la integración social y sobre esa realidad se desencadena una de las mayores crisis económicas de la historia moderna del país y además, la policía sufrió, hasta hace poco tiempo, un proceso lineal y profundo de deterioro institucional, los resultados son obvios.

El desafío es muy evidente. Políticas sociales de apoyo a la familia y, sobre todo, de una vez por todas, un fuerte impulso a la reforma educativa.

Al mismo tiempo, la estrategia policial debe incluir una dimensión que hasta hoy está ausente. La recuperación de la presencia policial en los barrios. La estrategia gubernamental se concentró en recuperar su poder de respuesta ante los hechos delictivos, es decir mejorar su capacidad de enfrentar a los delincuentes mejorando su armamento y su velocidad de respuesta ante la comisión de delitos.

Pero si además de ello no se desarrolla la capacidad institucional de la policía de volver a estar presente de manera visible y abarcativa en cada barrio. Si no hay una opción por desplegar la presencia policial en el territorio (no de la que pasa y se va, sino de la que se queda marcando un diálogo con los vecinos y las organizaciones sociales de la zona). Si no desplegamos un plan de reposicionamiento de las comisarías en los barrios de las diferentes ciudades y pueblos del país, seguramente el combate a la delincuencia estará rengo y tendrá limitaciones notorias.

Todas estas cosas son las que el trágico e impactante episodio del Marconi nos pone delante. Lo que es muy claro es que nada se resolverá si el reflejo ciudadano se concentra simplemente en el miedo y en la estigmatización de un barrio en el que la enorme mayoría de sus vecinos son gente honesta y humilde que vive de su esfuerzo y de su trabajo.

Pablo Mieres

Parece que nos mintieron a cara de perro

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A la hora de escribir estas líneas todavía no se ha hecho público el anuncio del gobierno sobre sus pautas para la rendición de cuentas. Sin embargo, todos los rumores e, incluso, declaraciones de representantes del partido de gobierno, indican que habrá un aumento de la carga impositiva, fundamentalmente centrada en incrementos del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas.

No hablaremos de sus contenidos sin tener en la mano la propuesta concreta del gobierno. Sin embargo, se pueden decir unas cuantas cosas sobre los hechos y las decisiones de los sucesivos gobiernos del Frente Amplio que han llevado al país a esta situación.

En efecto, en primer lugar debemos decir que durante la reciente campaña electoral de 2014, el partido de gobierno afirmó, no una sino cien veces, que no aumentaría la carga tributaria durante el próximo gobierno. Es más, el propio presidente Vázquez anunció incluso que habría reducción de la carga impositiva.

Nos mintieron a todos “a cara de perro”. Sabían muy bien cuál era la situación de las cuentas públicas y cómo venía evolucionando la situación de los precios internacionales de nuestros productos, así como la crisis de la región. Sabían muy bien que el déficit fiscal alcanzaría en 2014 precisamente un máximo histórico vergonzoso. Sabían que hubo un despilfarro de recursos públicos con pocos antecedentes en el pasado reciente.

Sin embargo, esta semana, apenas un año y medio después de haber jurado y perjurado que no habría aumento tributario, todo indica que se descolgarán con un nuevo ajuste fiscal. Esta vez sin disfraz alguno, porque ajuste fiscal ya hubo a comienzos de este mismo año mediante el aumento de las tarifas públicas.

No hay cosa que desgaste más a la política y a los gobiernos que le mientan descaradamente a los ciudadanos y, particularmente, que esas mentiras tengan como resultado un impacto en los bolsillos de los ciudadanos de este país.

Porque el problema es lo que se hizo y lo que no se hizo en la época de las “vacas gordas”. Cuando había que ahorrar para los tiempos difíciles no se hizo otra cosa que gastar y gastar como pocas veces en la historia de este país. Hoy no hay ahorros y el déficit fiscal es insostenible por lo que se corre el riesgo de perder el grado inversor. Podría haber sido distinto si el Frente Amplio hubiera actuado de otra forma en estos últimos años.

Algunos ejemplos rompen los ojos. Cuando comenzó el gobierno de Mujica (el máximo responsable de todo el desastre, con el silencio cómplice de los que dicen ser los cracks de la economía) se proyectó que al finalizar el período, el déficit fiscal estaría en el 0.8% del PBI. Pues bien, al finalizar el período el déficit fiscal se multiplicó por cuatro veces y media con respecto a lo prometido, alcanzando el 3.6% de un PBI mucho mayor del esperado. ¡Si se habrá gastado y despilfarrado en estos años!

¿Para qué? ¿Para hacer los cambios estructurales que el país necesitaba? NO. Ni la educación, ni la seguridad, ni la infraestructura, ni la red vial, ni los famosos “paquetitos” prometidos se concretaron. Nada.

Lo que sí se hizo fue fundir ANCAP, llevar adelante obras inútiles como el ANTEL ARENA, multiplicar los ingresos de funcionarios públicos al Estado, aumentar los gastos en consultorías, en horas extra y no avanzar un centímetro en el control y evaluación de la gestión pública.

Basta mencionar que los U$ 500 millones que ahora el gobierno reclama como una reducción del déficit imprescindible son menos que los U$ 622 millones que tuvo que aplicar para el salvataje de ANCAP apenas seis meses atrás. Justamente para salvar a una empresa que insólitamente estaba en situación de insolvencia patrimonial cuando debería dar ganancias y aportar a las cuentas del Estado.

Estamos en el horno. Hay una responsabilidad fantástica de un gobierno que tuvo en sus manos la mejor época de la historia del país y la malgastó de una manera poco creíble.

Es más, ni siquiera reaccionó con seriedad el año pasado, cuando presentó su propuesta presupuestal fundada en proyecciones de crecimiento ridículas que el tiempo se encargó de confirmar. El gobierno proyectó un presupuesto sobre la base de que nuestro país crecería el 2.5% en 2015 y 2% en 2016; de nada valió que se le advirtiera que no sería así y que los pronósticos eran muy optimistas. La soberbia de todos estos años siguió predominando sobre la sensatez y el realismo.

Los “hechos son porfiados” solía decir el Gral. Seregni y esos hechos confirmaron lo que se les advirtió. El PBI creció apenas el 1% en 2015 y todo indica que en 2016 estará por debajo del 1%.

Ahora viene el “mazazo tributario” y todo lo que siempre dijeron que no harían, lo harán con la más hipócrita “cara de poker”. El pueblo, que es quien nuevamente pagará la cuenta, seguramente tomará nota de este engaño.

Pablo Mieres

region sur

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