Pasando al fondo que hay lugar

MIERES

El Director de Limpieza de la Intendencia de Montevideo, Néstor Campal, acaba de dejar su cargo para pasar a ocupar el cargo de Director Nacional de Minería y Geología en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Campal es Licenciado en Geología y, en tal sentido, se ha sostenido que su cambio de destino obedece a su especialización en esa temática.

Sin embargo, sólo un desprevenido o un tonto puede leer el cambio ocurrido sin vincularlo con la gigantesca crisis de la basura por la que atraviesa Montevideo desde hace años pero que en estos momentos ha adquirido dimensiones inéditas.

Ciertamente, hay una cosa que es indiscutible, la política de limpieza de la Intendencia montevideana es un catastrófico fracaso y, la sustitución de su jerarca es o debía ser una obvia consecuencia de tal fracaso.

Estamos, literalmente, inundados de basura; pero además nos dicen que hasta fines de este año el tema no estará resuelto. Gravísimo que un gobierno que tiene la responsabilidad de esta política (como tantas otras) desde hace más de veinticinco años, nos diga que recién a fines de este año podrá resolver un asunto tan básico como la recolección de residuos de una ciudad.

Desopilante, si no fuera patético, vergonzoso y, además, peligroso para la salud de nuestros vecinos.

Pero lo más sorprendente es que el responsable directo de la catástrofe es premiado con un cambio de destino que puede ser leído hasta como un ascenso. Es más, el propio Campal valoró su nueva responsabilidad como la culminación de su carrera profesional. Sorprendente, ¿no?

Pues bien, hay más para este boletín. La anterior Directora de Minería y Geología, Licenciada Leda Sánchez, pasará a un cargo de Asesora de dicha Dirección, por tanto mantendrá un cargo remunerado en el mencionado Ministerio.

Nada se pierde, todo se transforma. Ahora el Estado pagará tres sueldos en lugar de dos.

Todavía no se sabe quién sustituirá al Lic. Campal, lo cierto es que el fracaso en la conducción de una política se premia con otro cargo alternativo.

¿Es la primera vez? Por cierto que no.

Hace unos años, el responsable del catastrófico Corredor Garzón, en aquel entonces Director de Acondicionamiento Urbano, Gerardo Urse, defendía ante toda evidencia el “éxito” de tal corredor que tuvo la originalidad de convertirse en el único en el mundo que, una vez inaugurado, produjo un incremento en la demora de la circulación con respecto a la situación anterior. Un verdadero record mundial.

O sea, una obra que insumió significativos recursos de la Intendencia, orientada a mejorar el traslado de miles de vecinos, produjo el empeoramiento de la situación que existía antes de semejante obra.

Pues bien, el responsable principal de ese fracaso contundente, fue removido de su cargo a mediados de 2013 cuando el desastre del Corredor Garzón ya era imposible de justificar. Pero, ¿a dónde fue el Sr. Urse? Al Directorio de la Corporación Vial.

O sea que, como resultado de tal gestión, el jerarca removido fue “colocado” en otro cargo, de mayor jerarquía ahora a nivel nacional, en la misma área de gestión en donde había mostrado una ineptitud difícil de igualar.

Más atrás en el tiempo, a pesar de las contundentes confirmaciones sobre la situación del Director de Casinos, el Cr. Juan Carlos Bengoa, que indicaban su responsabilidad penal en diversos delitos, el gobierno de la época lo mantuvo en su cargo hasta el día antes de ser procesado con prisión.

También fue muy demorada la salida de los integrantes del Directorio de ANCAP, responsables directos de un fracaso mayúsculo que le costó al país casi mil millones de dólares.

Para el partido de gobierno no existe una efectiva evaluación de las gestiones, ni de las responsabilidades correspondientes. Los méritos se miden con respecto a ser amigo o militante de alguno de los sectores del Frente Amplio. El “acomodo” y el “amiguismo” que fuera denunciado con justicia, como uno de los graves defectos de los gobiernos de los partidos tradicionales, se ha convertido en un vicio permanente e insolente en los gobiernos del Frente Amplio.

“Pasando al fondo que hay lugar…” es la consigna para sostener y defender lo indefendible. Por supuesto que todo esto se financia con la plata de todos los uruguayos.

Es sorprendente hasta dónde puede llegar el mareo del poder y el reflejo defensivo de abroquelarse y defender a todos los compañeros hagan lo que hagan y digan lo que digan.

Estas son las cosas que nos muestran con cada vez mayor nitidez, hasta dónde ha llegado el desgaste del ejercicio de un poder demasiado concentrado durante muchos años.

Por Pablo Mieres

 

Dialogo por violencia e inseguridad: no parece haber disposición real

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La problemática de la violencia, la inseguridad y la intolerancia que han aumentado en nuestra sociedad en los últimos años, es de enorme complejidad. Nadie tiene la fórmula mágica para resolver el problema. El que crea que es así, se equivoca de punta a punta.

Por eso es imprescindible encontrar ámbitos de acuerdo y entendimiento entre el gobierno y los partidos. Por eso señalamos, hace ya un tiempo, que debíamos darnos un espacio de acuerdo entre todos. La gente espera respuestas para ahora, para ya. La ausencia de un diálogo es la señal más negativa que podemos dar los dirigentes políticos a los ciudadanos de este país.

La problemática de la violencia y de la inseguridad nos golpea a todos y va generando un clima creciente de miedo, indignación, desconfianza y rechazo. Los que no estamos en el gobierno no podemos decirle a la gente que espere a la próxima elección para generar cambios y los que gobiernan no le pueden decir a la gente que ellos solos resolverán el problema cuando hace años que están gobernando y no lo han logrado.

Por otra parte, las propuestas y las medidas que se han impulsado desde el gobierno o que se proponen desde los partidos que no estamos en el gobierno no parecen ser suficientes para revertir una situación que es muy profunda y compleja. No hay que caer en el espejismo de las “varitas mágicas” ni en la autosuficiencia que posterga resultados cada vez para el tiempo siguiente.

Por eso nos necesitamos todos. Sin embargo, en estas últimas horas todo indica que tanto desde el gobierno como desde los partidos tradicionales no existe disposición real, ni actitud efectiva para un entendimiento.

Desde el gobierno se ha respondido negativamente, antes de la reunión convocada por el Presidente, a varias de las propuestas anunciadas por dirigentes de los partidos tradicionales.

Desde los partidos tradicionales se ha reiterado el reclamo de la renuncia del Ministro del Interior y, como condición para acordar, el cambio de la política de seguridad del gobierno.

Ni una, ni otra actitud es propia de quienes buscan seriamente un acuerdo con otros que piensan distinto. Todos somos grandecitos y estas señales de uno y otro lado van en sentido contrario a la generación de un clima de diálogo y entendimientos.

Por si faltara alguna señal negativa, al momento de escribir estas líneas se dice que los principales líderes de los partidos tradicionales no asistirán a la convocatoria del gobierno, justificando esta ausencia en el hecho de que el gobierno convocó a las autoridades partidarias. Como si no fuera posible que la delegación partidaria de cada uno de esos partidos integrara a sus referentes principales. Nadie es tonto, si blancos y colorados concurren con delegaciones que no incluyen a sus principales líderes, con todos los respetos, le están bajando el perfil a la convocatoria.

Por otro lado, si no ocurre nada nuevo, exactamente a la misma hora que el Presidente convoca a los partidos, su principal operador en este tema, el Ministro del Interior, estará compareciendo ante la Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado para responder sobre asuntos relacionados con esta temática. Nadie es tonto, parece evidente que el gobierno tampoco asigna relieve a su propia convocatoria.

Así las cosas, y si no ocurren cambios en estas horas, sólo un ingenuo puede pensar que este diálogo será exitoso o eficaz. Triste, muy triste, porque se estará defraudando nuevamente a la gente. Porque nadie por sí solo tiene la solución a esta problemática.

Nosotros, aunque estamos muy lejos de ser ingenuos y constatamos estos hechos, asistiremos de todos modos, con nuestras mejores ideas y con la mayor voluntad de aportar para cambiar la realidad. No nos parece justo dejar a los ciudadanos de rehenes de nuestras rencillas y diferencias, dejando correr los tiempos. No nos parece justo que el gobierno siga encerrado en sus propias convicciones sin dialogar abiertamente con los partidos.

En estas cosas las responsabilidades son de todos. De los que están, de los que estuvieron y de los que no estamos ni estuvimos. Todos tenemos que contribuir a un cambio.

Porque el deterioro de nuestra integración social y convivencia ciudadana viene de lejos y existen responsabilidades compartidas.

La responsabilidad es de todos y también es obligación de todos no postergar la búsqueda de soluciones.

Por Pablo Mieres

Inseguridad y convivencia social: es hora de unir esfuerzos

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Hace tiempo que estamos viviendo una crisis muy profunda de nuestra convivencia social. El fenómeno incluye, aunque trasciende, estrictamente a la cuestión de la delincuencia. Se trata esencialmente de una escalada de la violencia en nuestras reglas de convivencia social.

Los horrendos hechos de estos últimos días no hacen otra cosa que ponernos nuevamente frente a esta realidad profunda. Hay una crisis de normas y valores que ha afectado a una parte creciente de nuestro tejido social.

La delincuencia ya no es vista, en muchas familias y barrios, como un fenómeno repudiable que causa vergüenza y debe ser sancionado. Por el contrario, cada vez son más las familias y zonas del país en los que el delincuente es valorado porque aporta los recursos o porque brinda protección a los suyos, o porque es admirado por su supuesta “valentía” para desafiar al orden establecido. Es muy grave lo que nos está pasando.

La apología del a violencia se expresa en los cantos de las hinchadas de los dos principales cuadros de fútbol. Fue muy deprimente saber que, ante la horrenda muerte de un hincha la semana pasada, en  el fin de semana las dos hinchadas, una el sábado y otra el domingo, incitaron a reproducir y agravar la violencia e hicieron apología del delito.

Demasiada barbarie se va apoderando lentamente de todos nosotros.

Entonces, es hora de los liderazgos. De todos los liderazgos.

Tenemos que tener, TODOS, la grandeza de dejar a un costado la disputa política para buscar nuevos entendimientos que vayan más allá de las políticas de seguridad, aunque las incluya.

Tenemos que abordar un menú de iniciativas conjuntas, entre gobierno y partidos, que se oriente a la recreación de un clima de tolerancia, paz y convivencia social. Son muchas las cosas que hay que hacer y que se pueden hacer.

Hay medidas legislativas para tomar, hay decisiones administrativas, pero también hay gestos públicos que ayudan a la construcción de una defensa cerrada de nuestro modo de convivencia social. Hay que enfrentar la violencia que se va convirtiendo en una escalada sin freno.

Para ello es fundamental que, nosotros, los actores políticos seamos capaces de salir de la lógica de confrontación. Está claro que la política de seguridad ha sido uno de los puntos de mayor fricción entre el gobierno y los partidos de oposición. Desde hace años, blancos y colorados reclaman la renuncia del Ministro Bonomi; pero está claro que el gobierno no está pensando en sustituirlo. Entonces, salgamos de ese brete y vayamos a los asuntos sustantivos.

Necesitamos recrear un espacio de diálogo y búsqueda de acuerdos entre todos. Sobre política de seguridad y de enfrentamiento a la delincuencia, pero también sobre cuestiones vinculadas a la reconstrucción de la convivencia social que trascienden por lejos estas cosas.

El debate sobre la seguridad se ha convertido, desde hace años, en tema de campaña. Sin embargo, corremos el riesgo, si no logramos postergar ese debate para la campaña de 2019, de que lleguemos a esa fecha con una sociedad cada vez más violenta.

Se necesitan gestos de grandeza de parte de todos. Se necesita, también, la voluntad del gobierno para convocar a un espacio de consensos básicos.

La gente necesita ver y sentir a todos los representantes del pueblo, sus representantes políticos, unidos en la lucha contra la violencia. Si cada cual queda encerrado en su casillero: el gobierno sin reconocer ni aceptar los aportes de los que somos oposición y los partidos empeñados en centrar la cuestión en la renuncia del ministro; estamos fritos.

Es el tiempo de intentar un espacio de entendimientos. Obviamente, esto no implica dejar de reconocer la existencia de diferencias políticas sobre lo que hay que hacer; seguirá habiendo diferencias y enfoques distintos, por algo somos representantes de partidos diferentes.

Pero, el país necesita señales de unidad, antes de que sea demasiado tarde.

Por Pablo Mieres

Política y Dinero

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El politólogo Daniel Chasquetti puso oportunamente el “dedo en el ventilador” en una reciente columna en la que señala la miopía de nuestro sistema de partidos al no incluir en la agenda la necesidad de implementar ajustes significativos en nuestras reglas de juego vinculadas al financiamiento de los partidos. La referencia a Brasil y su impactante crisis aumenta la significación de abordar esta temática. Su reflexión resulta muy atinada y su reclamo es muy pertinente y necesario.

Tenemos que incorporar nuevas reformas sobre el financiamiento partidario, tanto referidas a las reglas de juego de la campaña electoral como del financiamiento cotidiano. Esta tarea debería cumplirse cuanto antes, puesto que cuanto más cerca estemos de las próximas elecciones más difícil será abordar este tema.

En 2009 se aprobó una norma que avanzó en este sentido y debemos señalar que fue un logro con respecto a la opacidad absoluta que reinaba en nuestro ordenamiento jurídico en esa materia. Pero, también debemos reconocer que la normativa vigente es tímida y permite mantener ciertas opacidades o ausencias de control que deberían corregirse.

En efecto, a nuestro modo de ver sería necesario incluir modificaciones en tres aspectos fundamentales: (a) el contralor de las cuentas y balances de los partidos, (b) las reglas de juego sobre las campañas electorales y (c) los montos de aporte del Estado a los partidos políticos.

Con respecto al primer aspecto, resulta evidente que los partidos políticos debemos constituir un ámbito de contralor de nuestra gestión económica y financiera mucho más exigente. En efecto, resulta claro que la actual situación implica sólo la obligación de presentar una rendición de cuentas de las campañas electorales, sin que estas rendiciones de cuentas sean objeto de una auditoría efectiva sobre su certeza y realidad.

Esto es así porque se ha asignado tal competencia a la Corte Electoral que no posee los instrumentos ni la organización para controlar desde el punto de vista contable la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas. En tal sentido, la propuesta de Chasquetti de crear un organismo específico, “una pequeña DGI”, es compartible, aunque quizás no sea necesario crear un organismo específico sino directamente atribuir al Tribunal de Cuentas la potestad de auditar e informar sobre las rendiciones de cuentas de los partidos políticos.

Efectivamente, los partidos políticos somos organizaciones de interés público y recibimos recursos del Estado, por lo que debido a esa naturaleza, sería muy adecuado que el Tribunal de Cuentas auditara, no sólo los gastos de campaña sino también los balances anuales durante el período interelectoral.

Esta sencilla medida representaría un significativo incremento de las exigencias de funcionamiento y transparencia de los partidos políticos y de las garantías públicas sobre el accionar político de los mismos.

En segundo lugar, a nuestro juicio, deberíamos revisar la normativa que regula dos aspectos sustanciales de las campañas electorales que, además, representan los montos más importantes en los presupuestos de campaña: la publicidad mediática y la impresión y distribución de las hojas de votación.

La publicidad mediática debería redefinirse, estableciendo por un lado un sistema equitativo de asignación de espacios publicitarios gratuitos para los partidos y candidatos y, por otro lado estableciendo límites en los tiempos que puedan ser contratados por cada partido o candidato.

Por otro lado, la responsabilidad de la impresión de las hojas de votación debería convertirse en una tarea exclusiva del Estado, el que debería garantizar la disposición de las hojas de votación de todas las alternativas electorales en todos los circuitos durante todo el horario de votación. En ese sentido, se debería prohibir la impresión y distribución de las hojas de votación a cargo de los partidos y agrupaciones y, al mismo tiempo, la Corte Electoral debería establecer mecanismos de ejercicio del voto que garanticen el acceso de todos los votantes a toda la oferta electoral. La incorporación de mecanismos de voto electrónico con impresión de la hoja en forma simultánea, tal como se instrumentó en Buenos Aires el año pasado es una buena referencia.

Como contrapartida de estas innovaciones, la contribución del Estado a las campañas electorales debería disminuir en proporción a la reducción de gastos de los partidos. En la medida que se reducen los gastos de campaña debería reducirse la contribución del Estado.

Son algunas ideas de una agenda que, a nuestro juicio, debería abordarse sin demora.

Por Pablo Mieres

Las garantías del sufragio

mieres

Las elecciones para los cargos de representación social en el BPS dejaron un gusto amargo en varios sentidos. No fue una gran jornada cívica, por el contrario, todas las referencias son críticas y demuestran un significativo malestar ciudadano.

Una de las razones del malestar ciudadano se debe a la obligatoriedad del voto. Sobre este punto ya nos extendimos en nuestra anterior columna. Simplemente, agregamos que los resultados verificados el pasado domingo confirman y acentúan las señales ciudadanas de distancia y rechazo a dicha obligatoriedad. Entre abstención, voto en blanco y voto nulo, los ciudadanos que no quisieron votar a ningún candidato sumaron el 60% del total.

Tenemos la expectativa de que en el resto del sistema político se consolide el reflejo sensato de eliminar la obligatoriedad de estas instancias que no son de elección de gobierno y, por tanto, que refieren a decisiones en organismos del Estado o de tipo corporativo.

Pero, el pasado domingo también quedó en evidencia una situación particularmente grave que afecta el funcionamiento de nuestro sistema electoral. En efecto, no todas las listas que competían por el voto en esa elección estaban disponibles en los circuitos de votación; mucha gente se quejó de que no encontraba la lista de su preferencia.

Esta situación afecta las garantías del sufragio y la libertad del votante para elegir lo que prefiera y, por supuesto, también afecta a aquellas opciones electorales que no tuvieron una situación de igualdad en su posibilidad de ser votadas.

El problema es más amplio porque esto mismo ocurre en las elecciones nacionales, departamentales y municipales. En efecto, en cada elección existen testimonios de ciudadanos que señalan que tal o cual hoja de votación no estaban disponibles en uno u otro circuito.

En un sistema electoral democrático y transparente estas situaciones no pueden existir; sin embargo nos hemos acostumbrado a que ocurran. Es paradójico porque nuestro país es valorado y respetado como ejemplo de  garantías electorales.

Pues no. Es hora de reconocer que existen fallas importantes en el funcionamiento de nuestro régimen electoral. Una de ellas es que la Corte Electoral no garantiza (porque la ley no le otorga esa competencia) la presencia de todas las hojas de votación en los circuitos.

En cualquier país del mundo, la ausencia de todas las alternativas electorales disponibles para que el ciudadano elija, sería juzgada como una seria afectación del derecho al voto.

Es más, curiosamente, nuestra legislación asigna a los partidos y sus agrupaciones la responsabilidad de tener las listas en los circuitos. Es insólito, se asume que es un tema de los partidos y no de derechos ciudadanos.

El punto de partida debería ser bien distinto. Los partidos y sus agrupaciones se presentan ante la ciudadanía con sus candidatos y propuestas, para ello cumplen con ciertos requisitos que están regulados en las normas electorales. Luego es el Estado, a través de su organismo competente, el que debería garantizar que toda la oferta electoral esté disponible para los ciudadanos, porque son estos a los que se les debe garantizar el derecho de elegir aquella alternativa que mejor les parezca.

Por lo tanto, deberíamos, de una vez por todas, reformar la normativa vigente y que la impresión y distribución de las hojas de votación sean responsabilidad del Estado y no de los partidos.

En tal sentido, además, se produciría un enorme ahorro en los gastos de las campañas electorales, en la medida que la impresión de hojas de votación dejarían de ser responsabilidad de los partidos para ser tarea del organismo que regula las elecciones. De este modo, no se imprimiría una fantástica cantidad de hojas de votación, de las que más del noventa por ciento terminan en la basura y no se usan para ejercer el voto.

También representaría un enorme ahorro con respecto a la construcción y gestión de redes de distribución por medio de las famosas “mesitas”. Somos el único país del mundo en que ocurre este tipo de cosa.

Pero lo más grave es que se ha desnaturalizado el uso de las hojas de votación. En efecto, estas no son ni deben ser un instrumento de propaganda electoral, sino que deben usarse estrictamente para el ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos.

El actual sistema favorece indebidamente a aquellas opciones electorales que poseen los aparatos más grandes, cuya llegada con sus redes de distribución aumenta las chances de obtener votos.

En síntesis, lo del domingo pasado volvió a poner sobre la mesa la urgente necesidad de mejorar la calidad de nuestra democracia y nos recuerda que existen graves asignaturas pendientes en relación a otorgar las garantías efectivas del sufragio. Como hace cien años, otra vez, se trata de las garantías del sufragio.

Por Pablo Mieres

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