Lo que dejo la investigación sobre ANCAP (II)

lo q dejo

La semana pasada centramos nuestra columna en los resultados de la investigación sobre la gestión de ANCAP analizando sus consecuencias y responsabilidades; hoy queremos referirnos a los desafíos y las propuestas que entendemos que nuestro país debería impulsar para evitar la reiteración de estas situaciones.

Justamente, como en otras investigaciones parlamentarias, un producto positivo de su desarrollo es la posibilidad de implementar medidas que permitan proyectar cambios profundos hacia el futuro.

En primer lugar, debería fortalecerse el papel de las Comisiones Investigadoras y, en tal sentido, las comparecencias de los invitados a declarar ante estas comisiones deberían tener carácter obligatorio. Resulta insólito y poco decoroso que, en este caso, once funcionarios de ANCAP, entre ellos seis gerentes, se hayan negado a concurrir.

En segundo lugar, es imprescindible aprobar reglas de juego que impidan el uso político electoral de las empresas públicas al servicio de la construcción de candidaturas, es decir el uso de recursos públicos para la promoción electoral de sus jerarcas. Esto, sin dudas, es lo que ocurrió durante estos años en ANCAP a través de un uso exorbitante de recursos para disparar los gastos en publicidad justo en tiempos electorales, inauguraciones ajustadas al calendario electoral, piezas publicitarias encaminadas a acumular para una posterior candidatura sectorial.

Lamentablemente, nada de esto es nuevo con respecto a épocas pasadas. La única novedad es que, además, en este caso la promoción electoral estuvo acompañada de un desastre empresarial con pérdidas escandalosas, lo que no hace otra cosa que agravar la patología.

Este hecho y los casos anteriores indican la necesidad de bifurcar las carreras políticas, separando la carrera política electoral de la carrera política de gestión. Si a un político se lo pone al frente de una empresa pública con la posibilidad de renunciar un año antes para ser candidato, genera la tentación de que alguno resuelva orientar la gestión del ente en función de un plan electoral.

Por lo tanto, es bueno que la inhabilitación actualmente existente para los Directores de entes y servicios del Estado se extienda a los cinco años del período de gobierno, tal como está previsto para el caso del Banco de Previsión Social. De este modo, ahuyentamos la tentación del uso electoral de bienes públicos, lo que es, sin duda, una forma concreta de corrupción.

En tercer lugar, es imprescindible promover cambios sustanciales en las formas de organización y gobierno de las empresas públicas.

En tal sentido, propusimos seis iniciativas concretas que, en varios casos, refieren a conclusiones de diferentes trabajos técnicos sobre esta temática. Estos trabajos fueron desarrollados por la OCDE (2011), la CAF (2010) y la Universidad Católica del Uruguay (2015).

La primera cuestión que entendemos imprescindible es que en la gestión de las empresas públicas se distinga con claridad entre el papel del Estado como propietario, del papel del Gobierno como administrador de las mismas. El Estado debe desarrollar un rol como propietario informado y activo y establecer una política de propiedad clara y consistente, garantizando que el gobierno corporativo de las empresas públicas se realiza de forma transparente y responsable, con el nivel necesario de profesionalismo y efectividad.

Esto en Uruguay, y particularmente en el caso de ANCAP no funciona, ya que existe una superposición de roles entre gobierno, operador, regulador y accionista propietario, en el que predominan fuertemente los dos primeros sobre los últimos. 

En segundo lugar, es imprescindible limitar y reducir sustancialmente el número de empresas subsidiarias de ANCAP que actúan bajo el régimen de derecho privado y, aun las que sean autorizadas, deberían estar sometidas al contralor del Tribunal de Cuentas y sus jerarcas deben estar alcanzados por las mismas inhibiciones y limitaciones que los Directores de los Entes y Servicios del Estado. Hay que evitar que sobre la excusa de la agilidad y la simplificación, se termine generando una zona de ausencia total de control sobre importantes recursos que son de carácter público. Esto vale tanto para ANCAP como para el resto de las empresas públicas.

En tercer lugar, no cabe duda de que deben profesionalizarse los cargos de gestión. En tal sentido, resulta evidente que los Directores deben ser de confianza política pero, al mismo tiempo, deben tener idoneidad técnica en su área de actuación. Los gerentes deben ser seleccionados y evaluados en base a procedimientos competitivos de carácter objetivo y abiertos.

Uno de los problemas más graves en la gestión de las empresas públicas y, en particular, en el caso de ANCAP, ha sido la selección directa del cuerpo gerencial por parte del Directorio, sin ningún tipo de concurso.

En cuarto lugar, la empresa debería operar en régimen de mercado para obtener su financiamiento, es decir que se deberían evitar garantías automáticas del Estado para respaldar su endeudamiento y en el caso en que se obtengan subsidios o recursos gastados con garantías del Estado, estos subsidios deben ser explícitos, deben venir del presupuesto público y no deben afectar el patrimonio de la empresa. Los ejemplos negativos en el caso de ANCAP son de una impactante crudeza.

En quinto lugar, deben separarse desde el punto de vista orgánico, la función de propiedad del Estado de la regulación de los mercados. Está en la tapa del libro que no se puede estar de los dos lados del mostrador; es imprescindible tener una agencia reguladora de aquellos servicios o productos que brinda el ente que posea independencia total y capacidad de regulación sobre la empresa.

Finalmente, debe existir una estrategia que separe las unidades que no están dirigidas al núcleo estratégico de la empresa. No tiene lógica que un ente sea una suerte de acumulador de líneas de producción y actividades heterogéneas. El ente público debe dedicarse a su núcleo de actividad y cada cadena productiva debe estar claramente separada.

Como se puede apreciar son muchas las tareas a emprender para mejorar sustancialmente el funcionamiento de ANCAP y de las empresas públicas uruguayas en general.

La puesta en práctica de estas y otras medidas sería el mejor legado que nos puede dejar la actuación de la Comisión Investigadora. Ojalá así sea.

Por Pablo Mieres

 

Lo que dejo la Investigación sobre ANCAP (1)

mieres101015

Varias personas me dijeron que era necesario realizar una síntesis de las conclusiones a las que arribamos como resultado de nuestra participación en la Investigadora de ANCAP.

Pues bien, intentaremos resumir en pocas líneas lo sustancial de nuestras conclusiones y en la próxima nota desarrollaremos las propuestas que integran nuestro informe para promover una transformación en la gestión y regulación de las empresas públicas en general, con algunas cuestiones específicas referidas a ANCAP.

El punto de partida: ANCAP es la empresa mayor del país que, a pesar de funcionar en régimen de monopolio en la mayor parte de sus rubros y de haber transcurrido el período de mayor crecimiento económico del país en la historia, sin sobresaltos con los precios del crudo y del dólar, se fundió o estuvo cerca de la quiebra. Sin palabras. Es un record mundial difícil de igualar.

Indicadores de este desastre: en cuatro ejercicios perdió U$ 800 millones, a fines de 2015 la relación patrimonio/deuda era de diez a uno, tenía un endeudamiento multiplicado por diez y era casi en su totalidad en dólares con vencimientos de cortísimos plazos y con acreedores bancarios extranjeros. Una catástrofe total.

¿Por qué había llegado a ese extremo? Porque fue pésimamente administrada durante los últimos años. Abundan los ejemplos de negligencia, ineptitud, omisión en la toma de decisiones, dilapidación de recursos y despilfarros varios.

Algunos ejemplos: las inversiones proyectadas se calcularon en alrededor de U$ 400 millones y finalmente insumieron más de U$ 1.000 millones. Además, en el período, ANCAP capitalizó en sus colaterales más de U$ 300 millones. Los costos fijos se dispararon de manera sideral; los gastos en publicidad se llevaron a U$ 10 millones al año en 2013 y otro tanto en 2014; se incrementaron las horas extra de manera continua y permanente desde 2005 hasta 2015; el personal se incrementó en un 30% y el costo de la masa salarial se incrementó en un 20% cuando se había planificado que fuera un 7%. Los salarios de ANCAP aumentaron en términos reales, más que cualquier otro del sector público.

Pero, además, cuando ANCAP empezó a generar pérdidas y a endeudarse, en vez de frenar el crecimiento de los costos fijos y de las inversiones, se siguió acelerando de manera totalmente irresponsable. Se demoraron las medidas durante meses y se exhibió una imagen de éxito grandioso de ANCAP durante estos años que contrastaba con la gravísima realidad existente.

Por si quedara alguna duda, las acciones llevadas adelante por el actual gobierno son una confirmación rotunda del fracaso de la gestión anterior: sustitución de autoridades, capitalización por U$ 622 millones, intervención de la empresa desde el Poder Ejecutivo, llamado a concurso de Gerente General y Gerente Financiero.

¿Sólo hubo problemas de gestión y mala administración? No. También hubo notorias y numerosas irregularidades; algunas de ellas con apariencia de delito.

Así de sencillo. Como resultado del análisis de la gestión, detectamos 20 acciones o decisiones ilegales, es decir violatorias de leyes, decretos o disposiciones constitucionales.

Obviamente, no todas las irregularidades son delito. Pero eso no significa que no sean apartamientos de las reglas y, como tales, son cuestionables y motivo de rechazo. Hablan de un desprecio por las reglas de juego que aumenta la percepción de “mala administración”. Por otro lado, muchas de ellas deberían ser objeto de sanciones administrativas sobre los funcionarios que incurrieron en ellas.

Pero, además, hay seis casos en los que, a nuestro juicio, las violaciones producidas configuran delito. Nos referimos a:

(a) la adjudicación del contrato de transporte de cal en forma directa sin mediar un llamado competitivo, aduciendo falsamente que no había otras empresas que pudieran prestar el servicio en nuestro medio y usando una empresa colateral para evitar el llamado a licitación que hubiera correspondido;

(b) el contrato de arrendamiento de obra entre ANCAP y la Armada para la construcción de un remolcador y dos barcazas, en el que incluyeron la adjudicación de un contrato a una empresa privada salteándose el procedimiento de la licitación y, luego, pagos indebidos de ANCAP a la Armada para destinos ajenos al objeto del contrato, omisión de controlar de parte de los jerarcas de ANCAP los incumplimientos de la Armada que, además, no estaba autorizada legalmente para realizar las tareas contratadas.

(c) la transacción firmada entre ANCAP y EXOR luego de que esta última le reclamara indebidamente una indemnización, pero como resultado de esta transacción, ANCAP gratuitamente le generó a EXOR un derecho que ahora implicó que ANCAP haya acordado pagar una indemnización.

(d) la gestión de la publicidad que implica varias actuaciones con apariencia de ilícito; desde el procedimiento de adjudicación de la cuenta a la agencia de publicidad contra la opinión contundente del Tribunal de Cuentas, pasando por la modalidad de contratación de proveedores que salteaban los procedimientos competitivos y la omisión reiterada de los jerarcas de ANCAP de controlar los montos de las facturas que presentaba la agencia de publicidad, hasta el episodio conocido de la radio comunitaria de Quebracho y la ausencia de la presentación de tres presupuestos para evitar sobrefacturaciones.

(e) el hecho de que ANCAP haya demorado el trámite de importación ante Aduanas de diferentes embarques de productos durante cuatro años que, a nuestro juicio, al menos representa una infracción aduanera.

(f) el hecho de que en todos los llamados para la compra de equipamientos para las plantas de cemento y de cal, siempre haya ganado las licitaciones la misma empresa proveedora.

Lamentablemente, la bancada de gobierno rechaza y declara que todo anduvo bien. Insólito. Además se opuso a poner los antecedentes en conocimiento de la Justicia. ¿Por qué? Si están tan seguros de que no ha habido nada incorrecto, ¿por qué se negaron a enviar los antecedentes a la Justicia?

Nosotros enviaremos los asuntos específicos que nos merecen la opinión de que se han cometido delitos a efectos de que la Justicia investigue, como no puede ser de otra manera.

En la próxima nota nos referiremos a las propuestas que deberíamos aprobar en nuestra legislación para evitar que estas cosas vuelvan a ocurrir.

Pablo Mieres

La plata del fideicomiso con Venezuela: alguien miente

mieres101015

Hace diez años, cuando comenzaba el primer gobierno del Frente Amplio y Hugo Chávez estaba en la cúspide del poder en su país, ambos gobiernos establecieron un acuerdo por el que PDVSA otorgaba beneficios financieros muy importantes a ANCAP en la venta del crudo.

En efecto, el acuerdo consistía en que PDVSA le cobraba el 75% del importe de cada venta a ANCAP al contado (lo que es de orden en las compraventas de crudo) y se financiaba el 25% a largo plazo y con tasas de interés muy favorables.

Esta modalidad que se puso en práctica desde fines de 2005, fue engrosando una deuda de ANCAP con PDVSA que en dos oportunidades se amortizó mediante pagos anticipados de ANCAP a PDVSA con quitas bastante importantes, lo que representaba una buena opción para ANCAP y también para PDVSA que empezó a sufrir las dificultades del cambio en el precio del crudo y la enorme crisis económica venezolana.

Durante el pasado año 2015 se produjo la segunda operación de pago anticipado de la deuda de ANCAP con PDVSA. El Estado uruguayo prestó a ANCAP U$ 262 millones para que esta cancelara una parte de la deuda pendiente.

Pero en este caso, como Venezuela está pasando por una grave crisis de abastecimiento de alimentos, se acordó que el dinero que Uruguay pagaba se utilizara por parte de Venezuela para pagar, a su vez, importaciones de alimentos producidos por empresas uruguayas.

En tal sentido, el Presidente Tabaré Vázquez anunció en conferencia de prensa que el dinero puesto por Uruguay quedaría depositado en un fideicomiso en el banco Bandes en nuestro país y, de este modo, las empresas uruguayas se cobrarían los montos correspondientes a las exportaciones realizadas.

Es más, para las empresas del sector lácteo era una gran ayuda, habida cuenta de la grave crisis que atraviesa el sector en los últimos tiempos.

El Parlamento aprobó por unanimidad la norma que autorizaba al Poder Ejecutivo a prestar a ANCAP el dinero requerido para cancelar parcialmente y de forma anticipada, la deuda con PDVSA. En oportunidad de la comparecencia de las autoridades del MEF ante el Parlamento y luego en la propia discusión parlamentaria se señaló que había certeza de cobro para las empresas uruguayas porque el dinero pagado no saldría del país, sino que sería depositado en Bandes Uruguay.

Esta garantía era fundamental puesto que la situación económica venezolana indicaba que las ventas a ese país eran, en condiciones normales, de cobro muy incierto. Es más, varios de los legisladores señalaron que su voto favorable se debía a la existencia de garantías de cobro para los empresarios uruguayos, debido a las características de la operación que, en los hechos, era un trueque.

En función de estas circunstancias varias empresas uruguayas, confiadas en la modalidad adoptada, realizaron negocios con Venezuela y vendieron sus productos que, en teoría, tenían garantía de cobro.

Sin embargo, transcurrido el tiempo, los productores uruguayos han tenido grandes dificultades para cobrar y, hasta la fecha, Venezuela ha aportado sólo U$ 50 millones. Varias de las empresas involucradas están enfrentando dificultades financieras, en la medida que contaban con esos ingresos que, se había dicho, tenían una fehaciente garantía de cobro.

En estos días se supo que ANCAP había girado el dinero a pagar a PDVSA a un banco en China. Sí, efectivamente, en vez de depositarlo en Bandes Uruguay se mandó la plata a un banco chino. Al parecer esas fueron las indicaciones que PDVSA planteó a ANCAP para recibir el pago.

Sorprendentemente el Vicepresidente, Raúl Sendic, salió a los medios a explicar que ANCAP debía seguir las indicaciones de PDVSA y, por lo tanto, pagó de acuerdo a lo estipulado por el acreedor y negó la existencia de esta condición en la forma de pago establecida.

Alguien nos está mintiendo a los uruguayos, a los legisladores que votamos el acuerdo y a los empresarios que, obviamente, no elevan demasiado su voz porque quieren cobrar lo antes posible.

O el gobierno, es decir el Presidente de la República y las autoridades del MEF nos mintieron cuando dieron garantías sobre la forma en que se pagaría la deuda y sobre la forma en que cobrarían los exportadores uruguayos; o ANCAP que pagó de manera diferente a lo informado y ahora, a través del Vicepresidente, se desentiende del compromiso asumido por el gobierno.

Lo que es inadmisible es que no se sepa qué fue lo que pasó. Hasta ahora nadie en el gobierno salió a explicar la inconsistencia entre lo comprometido y lo que efectivamente ocurrió.

Mientras tanto, los perjuicios los sufren nuestros productores que esperan con incertidumbre un cobro que, ahora que la plata salió del país, depende de la voluntad de pago de un gobierno como el venezolano que se caracteriza por estar en una grave situación de insolvencia económica.

Por Pablo Mieres

Frente a la descalificación de las Comisiones Investigadoras

mieres101015

A pocos días de que el Senado debata los informes elaborados sobre ANCAP, el Senador José Mujica ha salido en forma reiterada a descalificar la existencia de las Comisiones Investigadoras parlamentarias. Ha dicho que se prestan para el circo político y que además los políticos no podemos investigar porque tratamos de aprovechar esa tarea para generar réditos propios.

Dice esto el Senador Mujica después de haber acompañado y defendido el uso bien amplio de las comisiones investigadoras durante todos los años en que el Frente Amplio estuvo en la oposición. O sea, si estoy del lado de los que investigan, entonces “vamo arriba” con la investigación, pero si voy a ser investigado, el instrumento no sirve y se quiere sacar rédito político indebido con él. Es un fenómeno, ¿no?  Maestro del doble discurso.

El Frente Amplio durante diez años impidió la formación de toda Comisión Investigadora en el Parlamento. Haciendo uso de su mayoría absoluta, trancó todas las propuestas, incluso las más obvias como las referidas a la situación y cierre de PLUNA.

Recién este año, por primera vez, después de diez años y ante una situación de ANCAP que rompía los ojos, con pérdidas acumuladas cada vez mayores; a regañadientes y retaceando plazos y número de integrantes, el Frente Amplio votó la creación de una Comisión Investigadora.

Pues bien, antes de que se discutan sus informes, el ex Presidente Mujica sale a descalificar el instrumento y a atribuir intenciones indebidas a quienes integramos la Comisión.

Alguien duda de que se trata, una vez más, de una estrategia para desacreditar lo que el

Frente Amplio ya no puede tapar con nada, es decir que en ANCAP ocurrieron desastres durante el período de gobierno, precisamente, del actual Senador Mujica. Antes de que salgan a luz los informes, Mujica pretende descalificar lo que eventualmente se diga, bajo el paraguas genérico de la intencionalidad política.

El Parlamento tiene tres instrumentos para cumplir con su función de control sobre la Administración, los pedidos de informes, los llamados a Sala a los ministros y las Comisiones Investigadoras.

De los pedidos de informes ni hablemos, hoy en día parece más efectivo hacer uso de la Ley de Acceso a la Información como cualquier ciudadano común que pedir un informe desde el Parlamento. Por lo menos en el caso de la Ley de Acceso a la Información existe la obligación de responder, lo que no ocurre para el caso de los pedidos de informes del Parlamento.

Ahora se quiere ir sobre las Comisiones Investigadoras, de manera de convertir al Parlamento en un ámbito de aprobación de leyes fundado en la mayoría parlamentaria del partido de gobierno.

Sin embargo, las Comisiones Investigadoras han cumplido un papel muy útil en la historia política del país.

En primer lugar, porque han permitido “poner luz”, mostrar y hacer visible la existencia de problemas de gestión, irregularidades y eventuales ilicitudes en diferentes ámbitos del Estado.

La actuación de una Comisión Investigadora permite que esas cosas no pasen desapercibidas ante la opinión pública. Evita que la gente ignore ciertas actuaciones indebidas o negligentes.

En segundo lugar, porque a partir de lo que surge de esas investigaciones, efectivamente existen nuevas informaciones y se constatan hechos y actos que eventualmente pueden representar responsabilidades de jerarcas públicos que, sin la actuación de la Comisión Investigadora, habrían permanecido ocultos.

Pero, en tercer lugar y esto es menos conocido, las Comisiones Investigadoras han generado el clima para que los organismos públicos que han sido objeto de investigación cambien sustancialmente en su funcionamiento y en sus reglas de juego.

Así fue en el caso del Banco Central después de la actuación de la Comisión Investigadora sobre la crisis financiera del 2002; no hay duda de que ese organismo se fortaleció institucionalmente, se profesionalizó y corrigió enormes vulnerabilidades preexistentes.

Lo mismo ocurrió con la Corporación Nacional para el Desarrollo, cuya investigación parlamentaria fue promovida por nosotros. En efecto, la CND cambió sus criterios de funcionamiento, aumentó sus controles internos y acató la función de contralor que intentaba ejercer el Tribunal de Cuentas sobre ella.

Con ANCAP puede pasar lo mismo. Se anunció en estas horas que volverá a contar con un Gerente General y, a diferencia de lo ocurrido históricamente, este será seleccionado por un mecanismo competitivo. Esperamos que existan otros cambios a partir de las conclusiones de la investigación parlamentaria.

En fin, es claro que este instrumento cumple una función sustancial para los equilibrios institucionales entre los Poderes del Estado y para controlar los excesos de la Administración.

¿Por qué ahora le preocupan a Mujica las Comisiones Investigadoras? ¿No será que se está anticipando a una eventual investigación de los negocios con Venezuela, en los que él tiene muchas cosas que explicar?

Pablo Mieres

Los negocios con Venezuela

mieres101015

A mitad del año pasado se informó que había una empresa que contaba con la exclusividad de intermediar en todos los acuerdos comerciales que nuestro país llevaba adelante con Venezuela. Según la información difundida, la empresa Aire Fresco S.A. era la comisionista que cobraba a las empresas uruguayas (todas sin excepción) que establecían acuerdos de exportación o importación hacia ese país su correspondiente comisión.

Hasta allí, la única suspicacia consistía en la interrogante sobre la exclusividad. Cómo había hecho esa empresa para monopolizar la intermediación comercial con ese país.

Pero, además, se indicaba que los directivos de Aire Fresco S.A. eran conspicuos dirigentes o militantes del Movimiento de Participación Popular y que alguno de ellos formaba parte del círculo más cercano del ex Presidente, José Mujica.

Ya entonces las cosas comenzaban a tener otro color y otra preocupación.

José Mujica salió presuroso a justificar la actividad de Aire Fresco S.A. diciendo que la intermediación comercial y el cobro de comisiones por tal concepto es una actividad lícita y legítima. Sorprendió que el ex Presidente saliera tan rápidamente a explicar, lo que de por sí daba por cierto que existía una efectiva vinculación entre los empresarios y Mujica. Es más, el actual diputado Placeres (que no lo era en el período anterior) tiene contabilizados un verdadero record de visitas a Caracas en los últimos años.

Lo que dijo Mujica sobre la legitimidad y licitud de la actividad de intermediación comercial es correcto. Sí, es correcto siempre y cuando no medie un vínculo político o gubernamental que direccione indebidamente los negocios hacia esa empresa. Es decir, la actividad es lícita en su contenido material, pero si se incorpora el elemento subjetivo de que una autoridad gubernamental le entrega el negocio a una empresa concreta, la licitud se convierte en ilicitud y esa actividad de intermediación se convierte en un ejercicio evidente de corrupción.

Para decirlo más claro, ya era sospechoso que una empresa dirigida por dirigentes y militantes del sector del Presidente de la República monopolizara los negocios con Venezuela. Pero si, además, el Presidente había realizado alguna acción específica para direccionar los negocios a favor de esa empresa, habría incurrido en un delito. Ineludiblemente.

Pues bien, existe documentación fehaciente que indica la existencia de esta vinculación espúrea y, a todas luces, ilegítima. En efecto, las actas de los acuerdos firmados entre ambos gobiernos durante el mandato de José Mujica que son públicas y están disponibles en Internet, incluyen con nombre propio a la empresa Aire Fresco S.A. e, incluso, su principal directivo aparece firmando uno de los convenios en los que se establecen vínculos comerciales entre ambos países. Único convenio que no firma ninguna autoridad de gobierno sino un empresario privado.

Esto es inédito en nuestra historia y es de una enorme gravedad. No hay duda de que el Parlamento debe investigar estos manejos que ponen un gran signo de interrogación sobre eventuales responsabilidades penales que podrían alcanzar al propio ex Presidente.

Los negocios con Venezuela siempre tuvieron aspectos poco claros. De eso no hay duda. Pero el otorgamiento “a dedo” de una actividad empresarial de intermediación a un grupo de amigos políticos por la que seguramente estos obtuvieron enormes ganancias, es un hecho que tiene toda la apariencia de la peor corrupción.

No se puede dejar pasar. Nosotros apoyaremos una solicitud de investigación parlamentaria que está muy lejos de ser un show. Al contrario, lo que parece una “tomadura de pelo” a la ciudadanía es el desborde del ejercicio abusivo del poder por parte de quien gobernó en el período reciente.

Por Pablo Mieres

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