Aunque sea políticamente incorrecto

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Debo señalar que la persona de Hector Amodio Perez me produce un fuerte rechazo. Seguramente este sentimiento es compartido por un gran número de uruguayos, en parte por lo siempre se dijo y se supo de el. Para el imaginario uruguayo Amodio Pérez se convirtió en el paradigma del traidor.

A su vez su reaparición repentina, desde el fondo del "túnel del tiempo", con sus declaraciones, sus afirmaciones y sus supuestas verdades, no hicieron otra cosa que ratificar nuestro rechazo por lo que dice y por lo que piensa. Uno se siente bien lejos de él.

Es más, parece bastante claro que lo que cuenta sobre su participación en aquellos tiempos ratifica la convicción de que fue un "soplón" que canjeó información por libertad y cambio de identidad.

Ahora bien, todo ello es, a mi juicio, moralmente condenable; pero una cosa muy distinta es que configure una conducta delictiva.

La verdad es que el fallo judicial, procesándolo con prision por el delito de "privación de libertad" suena muy extraño y se parece mucho más a una venganza o a un castigo moral que a lo que debe ser la actuación judicial, es decir un sereno ejercicio de aplicación del derecho.

Para ser culpable del delito de "privación de libertad", Amodio Pérez debería haber secuestrado (cosa que hizo como tupamaro, pero justamente no es por eso que se lo procesa porque además ya fue genéricamente amnistiado por ello) o tendría que haber ejercido un cargo con autoridad pública, cosa que tampoco ocurrió. Entonces, lo único que se ha dicho es que "marcaba gente" para que la apresaran, es decir que actuaba como soplón y colaborador de los militares.

Esa conducta, por deleznable que sea, no configura el delito de privación de libertad porque carecía de la autoridad que se requiere para resolver privar de libertad a alguien.

Es más, aunque sea políticamente incorrecto en estos tiempos de tanta tergiversación de los hechos, lo cierto es que el MLN era una organización ilegal que cometía delitos, y seguramente las personas que fueron detenidas a indicación de este sujeto eran integrantes de una asociación para delinquir que cometía diversos delitos violando las leyes vigentes.

Entonces, cuando la jueza procesa a Amodio Pérez por el delito de privación de libertad comete dos errores. El primero es adjudicarle una capacidad de decidir que no tenía porque era un simple soplón sin autoridad ni poder; el segundo es asumir que la detención de personas que integraban un movimiento armado que se levantó contra el Estado de Derecho violando las normas vigentes era un acto delictivo.

Por supuesto que la tortura y las violaciones a los derechos humanos en las que incurrieron autoridades, militares y policías son delito. También son delito la detención de miles de militantes de diversos partidos y grupos políticos que lo fueron simplemente por pensar distinto, me refiero particularmente a los comunistas y socialistas, aunque también fueron detenidos demócrata cristianos e integrantes de tantos otros grupos políticos que actuaban dentro de la ley, pero fueron perseguidos y detenidos simplemente por defender sus ideas.

Pero lo de los integrantes del MLN era distinto y detener a sus miembros no se podía considerar delito, ni en aquel entonces, ni ahora. Aunque ahora decir esto sea poco menos que un sacrilegio ante el patético éxito que algunos han tenido en cambiar la verdad histórica.

Justamente, más allá del caso concreto del señor Amodio Pérez, el mayor problema es lo que su procesamiento nos dice sobre el grado de distorsión de la realidad en que ha caído nuestro país y, en algún sentido, también nos habla de cierto decaecimiento institucional muy preocupante.

Pablo Mieres

¿Hasta cuando la locura del gasto sin freno?

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Cuando se aprobó el Presupuesto para el período de gobierno 2010-2015 las nuevas autoridades proyectaron que el resultado fiscal a fines de 2014 se situaría en un nivel de déficit equivalente al 0.8% del PBI. Hoy con el paso del tiempo, la cifra suena ridícula a la luz del 3.5% de déficit fiscal con el que cerró el año 2014. Cuatro veces y media más de lo comprometido por el gobierno de Mujica al comenzar el mandato.

Entre paréntesis, me hizo acordar a los proyectos de inversión de ANCAP que estamos investigando en el Parlamento. Todas las previsiones de inversión en nuevas obras de ANCAP se multiplicaron por dos, por tres o hasta por cuatro; cientos de millones de dólares más de los previstos inicialmente, en todas y cada una de las obras proyectadas.

Pues bien, ¿es que ocurrió algo en el país durante el gobierno de Mujica que alteró el cumplimiento de las metas propuestas en materia de déficit fiscal? ¿enfrentó el país alguna calamidad o una situación de crisis económica inesperada? Nada. Todo lo contrario, tuvimos un quinquenio como nunca en la historia de nuestro país. Las tasas de crecimiento de nuestra economía alcanzaron niveles históricos. Hubo ingresos tributarios como nunca. Sin embargo, el déficit se disparó enloquecidamente hasta alcanzar un nivel de dudosa sostenibilidad.

Ahora que la fiesta del despilfarro terminó, el gobierno procura diseñar un presupuesto más austero y controlado. Confieso que cuando uno escucha la danza de millones de dólares que se gastaron en ANCAP por mala administración y falta de control, o las enormes cuentas publicitarias de las empresas públicas en estos años y luego ve las restricciones ineludibles para responder a las demandas salariales de los docentes, siente una creciente indignación.

Pero lo cierto es que cuando se pudo generar el ahorro, el gobierno se desbocó y, ahora, tenemos un déficit fiscal que aumenta aún más las restricciones a las que surgen de las graves condicionantes negativas del marco económico mundial y, particularmente, regional.

Pero la epidemia del malgasto y el despilfarro no aquejó solo al gobierno nacional y a las empresas públicas. Los gobiernos departamentales, de todos los colores, son otro ejemplo de desprecio por el manejo responsable de los recursos públicos.

En efecto, gobiernos departamentales blancos, frenteamplistas y colorados, son pésimo ejemplo del uso y abuso de esos recursos. Escándalos más visibles particularmente en los Departamentos donde se produjo cambio de partidos en el gobierno, pero escándalos con menos ruido en aquellos donde es el mismo partido el que renovó mandato. Sólo son excepcionales los casos en los que puede señalarse un resultado razonable.

Hace años que bregamos por el establecimiento de normas legislativas que marquen límites al gasto público, aprobar la famosa regla fiscal que poseen muchos de los países más avanzados. Nuevamente reivindicamos la necesidad de aprobar una ley que obligue y limite la discrecionalidad de los gobiernos, tanto nacional como departamentales, a efectos de que se cumplan ciertos criterios de buena administración.

Sería muy oportuno y necesario que, de una vez por todas, se aprobara una norma que establezca la regla fiscal para el gobierno nacional a efectos de que este tenga prohibido superar ciertos niveles de déficit o de endeudamiento.

A su vez, también se debería establecer una norma que establezca como condición para la asistencia del gobierno central a los gobiernos departamentales, que estos no superen ciertos niveles de déficit en su ejecución presupuestal.

Tampoco se ha querido incorporar otros mecanismos para controlar la calidad del gasto público, como el establecimiento de los compromisos de gestión y un sistema de monitoreo permanente del cumplimiento con ciertos indicadores de resultados en las diferentes oficinas del Estado.

Sería justo establecer estos límites, porque resulta a todas luces vergonzoso, que mientras el sector privado debe ajustarse y mantener disciplina en su gestión para poder subsistir, en el sector público se instala un “vale todo” que termina, como siempre, con la triste realidad de que somos todos los uruguayos los que pagamos la cuenta del malgasto del Estado.

Por Pablo Mieres

El debate sobre ANCAP y el olor a naftalina

mieres22815

Como se sabe el Senado resolvió investigar lo ocurrido con ANCAP. Era obvio y muy difícil de evitar para el gobierno. En medio de la década más próspera de la historia del país, una de las empresas más grandes nos sorprende con una pérdida acumulada en los últimos cuatro años equivalente a más de 600 millones de dólares y una pérdida patrimonial de alrededor del 60%.

Si el Parlamento no investigaba esto, renunciaba definitivamente a investigar nada. Las pérdidas del caso PLUNA alcanzaron a cerca de 300 millones de dólares, la mitad de lo que representa la crisis de ANCAP. Los negocios de la CND en los años noventa determinaron una pérdida de cerca de 70 millones de dólares, la novena parte de lo que ha perdido ANCAP en estos años; los negocios de la misma ANCAP en Argentina representaron la sexta parte de lo que perdió ahora. Y en ambos casos el Frente Amplio, entonces en la oposición, apoyó e impulsó con convicción las correspondientes Comisiones Investigadoras.

Estamos al comienzo de la actividad de investigación, recién ocurrió la primera comparecencia del Directorio actual de ANCAP y todavía no hemos recibido la documentación solicitada que nos permitirá analizar con mayor profundidad lo ocurrido.

Sin embargo,  ya se pueden ver algunos posicionamientos que nos sorprenden. Para algunos de los que defienden la actuación de ANCAP, la cuestión de fondo es entre los que “creen en la importancia estratégica de las empresas públicas y los que no creen en las empresas públicas y preferirían que estas no existieran”. O sea, se pretende descalificar las críticas y los señalamientos de los desastres financieros de ANCAP sobre la base de que los que critican buscan desprestigiar a ANCAP porque se afilian a un pensamiento privatizador.

Si la línea argumental a seguir por el partido de gobierno para defender el desastre de ANCAP es acusar de privatizadores a los que quieren investigar lo que pasó, están cometiendo un grave error. El debate entre privatizadores y defensores de las empresas públicas es anacrónico y tiene olor a naftalina.

Si el Frente Amplio cree que va a defender una gestión que ha llevado a ANCAP a una situación de enorme gravedad en su sustentabilidad económica y financiera, diciendo que los que cuestionan lo actuado son contrarios a la existencia de esas empresas, están tratando de reeditar un debate perimido. Es cierto que ese debate fue laudado por los que creemos que las empresas públicas deben ser instrumentos fundamentales del desarrollo del país y, por el contrario, los que pensaban en otras alternativas no recogieron el apoyo ciudadano.

Pero, lo que estamos discutiendo ahora es otra cosa bien distinta. Al contrario, los que apoyamos la necesidad de investigar y aclarar en profundidad lo ocurrido, lo hacemos movidos por la preocupación por la crisis de ANCAP y porque en la situación actual no puede cumplir el papel que debería jugar en el proceso de desarrollo del país.

Es tragicómico que los responsables de la grave situación por la que atraviesa ANCAP pretendan autoasignarse el papel de defensores de las empresas públicas. Incluso escuchamos con perplejidad que para quienes así piensan las empresas públicas no tienen por qué tener ganancias porque deben estar al servicio del país y eso no necesariamente implica lograr gestiones exitosas.

Realmente quedamos sorprendidos y preocupados. O sea que los que se proclaman defensores de las empresas públicas creen que pueden hacer lo que quieran con ellas porque son, por definición, sus defensores y por lo tanto todo lo que hagan estará bien porque lo hacen ellos.

¿Cómo se explica que los que se autoasignan el rol de defensores de las empresas públicas al mismo tiempo digan que estas no tienen por qué ser exitosas? ¿Cómo entender que la defensa de ANCAP implica defender que pierda buena parte de su patrimonio?

Están muy equivocados si pretenden establecer el eje del debate entre los defensores del patrimonio nacional y quienes buscan su privatización.

Ahora los que administraron ANCAP en estos años tienen que explicarle al país por qué han llevado a esa empresa a una situación que ha puesto en riesgo su viabilidad. Ahora los que administraron ANCAP durante estos tiempos recientes, tienen que explicar las pérdidas y las decisiones que se tomaron llevando a una situación de grave crisis a una de las más importantes empresas del país.

Ese es el único y verdadero eje de este debate, lo demás es aferrarse a un pasado que ya fue.

Por Pablo Mieres

TISA, los demonios y otros cuentos

mieres9915

A estas horas todo indica que el Plenario del Frente Amplio va a decidir el retiro de nuestro país de las negociaciones para la aprobación del TISA, contrariando de esta forma, nuevamente, las definiciones de su propio gobierno.

En efecto, desde fines del gobierno anterior, nuestro país forma parte de un numeroso conjunto de países que negocian reglas de juego para la regulación mundial de los servicios. Se trata de una iniciativa de enorme relevancia puesto que, como es sabido, los servicios ocupan cada vez más un mayor espacio en los intercambios económicos y comerciales a escala mundial y, además, su participación en la producción de la riqueza del planeta va en aumento.

Todo indica, además, que el desarrollo tecnológico y el avance científico no hará otra cosa que aumentar la entidad de los servicios en la economía mundial.

Estar sentados a la mesa de las negociaciones del eventual acuerdo denominado TISA es un evidente logro político de nuestro país. Ahí no están sentados todos los países del mundo; sí están casi todos los países poderosos del mundo y algunos de los que no poseen tal significación. Pues bien, allí está Uruguay en virtud de una decisión inteligente y valiosa, asumida con muy poco ruido.

Lo que ocurrirá con la regulación del comercio e intercambio de los servicios en el mundo  dependerá de lo que en esa instancia de negociación se resuelva. Obviamente es muy oportuno y valioso estar en el proceso de negociación, saber con detalle de qué se trata y decidir hasta dónde acordar y qué materias quedarán reservadas por parte de nuestro país en ese proceso de negociación.

Irse de la mesa de negociaciones resulta una decisión absurda y carente de fundamento técnico y político. ¿Por qué irnos de una mesa en la que se juega tanto? ¿Por qué desperdiciar un espacio de poder relevante? Es inentendible, salvo desde una perspectiva que prioriza una concepción ideológica irracional, anacrónica y dogmática.

En efecto, el gobierno y la Cancillería han defendido con sensatez, argumentos y sólidas convicciones, la validez de continuar participando de este proceso de negociación. No existe otra postura razonable si queremos defender el interés superior de nuestro país. En tal sentido, apoyamos sin reserva la posición del gobierno y tenemos confianza en que este mantenga su postura y su decisión, más allá de la decisión que asuma el Plenario del Frente Amplio.

La postura del partido de gobierno no es otra cosa que el viejo reflejo de buscar un demonio para justificar la “lucha ideológica” contra el capitalismo. En efecto, si recorremos la historia de la izquierda tradicional vamos a constatar que, siempre, ha existido un “demonio” que concentra la amenaza del capitalismo internacional contra los intereses del pueblo.

En los sesenta el demonio era el “imperialismo yanqui”, luego cuando volvimos a la democracia fue el “FMI y no pagar la deuda externa”, más adelante fue el “Banco Mundial y las recetas neoliberales”, hace unos pocos años fue el “TLC con Estados Unidos” y ahora el TISA concentra las fuerzas en “defensa de los intereses populares” contra el capitalismo expoliador.

Resulta muy gracioso escuchar los argumentos de los que promueven el retiro de nuestro país de la negociación del TISA, porque son los mismos que nada dijeron ante una política económica que durante todos estos años y bajo gobierno del Frente Amplio, con mayoría absoluta en el Parlamento, promovió y favoreció el ingreso del capital trasnacional para captar la mayor cantidad de inversión extranjera posible.

Son los mismos que aceptaron y apoyaron las exoneraciones tributarias para que esos capitales extranjeros se instalaran en nuestro país. Son los mismos que están votando la ampliación del régimen de zonas francas. Son los mismos que votaron y votan los tratados de intercambio de información tributaria que indica la OMC.

El doble discurso es muy evidente. Por otra parte, la necesidad de mantener un ícono de la resistencia al capitalismo también es muy evidente. El “malo de la película” es ahora el TISA, poco importan las razones, lo que importa es tener algo en donde concentrar la culpa de los “males del capitalismo internacional”.

Tenemos la esperanza y confiamos en que el gobierno mantendrá su acertada política, ratificando la continuidad de la permanencia de nuestro país en la mesa de negociaciones del TISA, así lo esperamos por el bien del país.

Pablo Mieres

El olor al poder es el pegamento más fuerte de un partido

Hace unos cuantos años en un reportaje que le hicieron al Dr. Ignacio De Posadas en el diario El País, dijo una frase muy sugestiva, era más o menos: “el olor al poder es el pegamento más fuerte que tiene un partido”. Era una afirmación objetiva, una constatación en el sentido de que los dirigentes y sectores de un partido pueden estar dispuestos a sacrificar posiciones, ideas o propuestas, “fumarse diferencias enormes”, “bancar cualquier cosa” con tal de mantener una unidad que les asegure el ejercicio o la mantención de espacios de poder.

Algo parecido a una frase que bien podía resumir la lógica de funcionamiento de los partidos tradicionales de nuestro país en sus “viejos y buenos tiempos”: “dentro del partido todo, fuera del partido nada”. Es decir que todo vale dentro de los límites partidarios, pero ojo con arriesgar la unidad, porque el costo de ella es la derrota electoral.

Es la contracara de la fortaleza de los partidos políticos uruguayos. Nos vanagloriamos de tener un país con partidos fuertes, estables, de larguísima duración que son, en cierta medida, la garantía de la estabilidad democrática.

Pero su contracara es la enorme diversidad interna que habilita contradicciones y diferencias políticas, programáticas e ideológicas que alcanzan, muchas veces, dimensiones dramáticas y enormes. Y eso no es gratis.

Las contradicciones internas son reales, efectivas y refieren a asuntos concretos que después tienen que ver con decisiones que afectan la vida de las personas y de la sociedad en su conjunto.

Así eran las viejas épocas de predominio de blancos y colorados.

En un mismo partido convivían los batllistas de Don Pepe y sus seguidores, representantes genuinos de las formulaciones socialdemócratas más avanzadas del siglo XX, junto a representantes conspicuos de los intereses más conservadores enquistados en el viejo riverismo y, posteriormente, en el terrismo. Da igual, a la hora de votar, todos sumaban bajo el lema del Partido Colorado y con eso ganaban elecciones y gobernaban el país.

Más adelante en el tiempo sumando las listas 14 y 15 en fuerte confrontación que no era baladí. Y en el declive de la democracia, los batllistas más progresistas sumaban con el pachequismo autoritario.

Lo mismo en la vereda de enfrente, entre herreristas y nacionalistas independientes. Electoralmente divididos quedaron alejados del poder, se unieron para llegar, al costo de reeditar diferencias tan amplias como las que separaban a comienzos de los sesenta a Fernández Crespo de Benito Nardone o Martín Etchegoyen.

También más adelante en el tiempo, en el declive de la democracia, permitieron sumar votos la opción de Wilson Ferreira con su espíritu de transformación social y cambio moderno junto al general golpista, Mario Aguerrondo.

El objetivo era ganar y mantener el poder. “El olor a poder es el pegamento más fuerte que tiene un partido”. La izquierda de aquella época cuestionaba agriamente esta realidad señalando con toda razón la profunda incoherencia y la “trampa mortal” que esta forma de esconder o amañar las diferencias significaba para los ciudadanos que votaban una cosa pero terminaban apoyando otras.

Pues bien, ha pasado el tiempo y las distribuciones electorales han cambiado. Pero cuando uno observa el funcionamiento del nuevo partido mayoritario, ahora en el poder, ocurre lo mismo que antes.

El Frente Amplio muestra un día tras otro, en un tema tras otro, las enormes diferencias existentes en los diferentes asuntos públicos. Socialdemócratas y populistas conviven y se soportan mirándose de reojo, porque sienten que necesitan sostener la alianza para retener el poder. Unos reclamando el giro a la izquierda, otros ofreciendo garantías de sensatez y estabilidad.

En todos los temas. El FONDES o el ANTEL Arena; el apoyo al autoritarismo en Venezuela o la defensa de la democracia; la apertura al mundo para que el país crezca o el encierro ideológico con “los nuestros” y el nuevo demonio del TISA.

En cualquier tema saltan las diferencias, acompañadas de la confrontación directa entre sectores con diferencias cada vez más indisimulables que, sin embargo, se bancan para sumar y mantener el ejercicio del poder. Los tiempos de bonanza favorecieron y permitieron manejarse, repartiendo para que cada cual hiciera su juego.

Pero unos y otros resolvieron “barrer debajo de la alfombra” y evitar el ejercicio del control institucional, apoyados en una mayoría absoluta ajustada, pero muy conveniente para que nadie sufriera consecuencia alguna. Todo ello acompañado de la debida liturgia unitaria, cada vez menos sustancial.

Sin embargo, en los viejos tiempos hubo quienes fueron capaces de rebelarse ante el “irresistible aroma del poder” y, tomando decisiones difíciles y valientes, fueron los abanderados de cambios políticos que prohijaron una forma coherente de hacer política.

Tenemos la esperanza de que llegará el tiempo en que la coherencia política y la prioridad de qué es lo que hay que hacer para el mejor destino del país, se imponga por encima del cálculo pequeño y permita aflojar el triste “pegamento del poder”.

Por Pablo Mieres

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