ANCAP: un resultado catastrófico con la plata de todos

El resultado del balance de ANCAP del año 2014 ratifica y profundiza el descalabro empresarial de una de las empresas públicas más importantes del país. Opera en régimen de monopolio en buena parte de sus actividades y, sin embargo, está enfrentando una crisis gravísima, a tal punto que el Ministerio de Economía ha decidido instalar un equipo especializado para evitar un desenlace irreversible.

El balance 2014 expresa la duplicación del ya escandaloso déficit generado en el resultado 2013, pero además existe un deterioro patrimonial que aumenta aceleradamente, a un ritmo que, en caso de no revertirse, lleva al colapso definitivo.

Obviamente, lo primero es intentar evitar el colapso que, a esta altura es indiscutido e indiscutible, y para ello es necesario aportar todos los esfuerzos posibles. ANCAP es demasiado importante para la sociedad uruguaya y para el funcionamiento de la economía como para no hacer el máximo esfuerzo en revertir la tendencia.

Sin embargo, el tema está lejos de terminar aquí. No alcanza con trabajar en revertir la crítica situación, es imprescindible, al menos, trabajar en dos aspectos más.

El primero es el establecimiento de las responsabilidades. ¿O alguien piensa que es posible “barrer debajo de la alfombra” como en tantos otros asuntos de esta década? ¿Quiénes son los responsables de haber tomado las decisiones que determinaron semejante deterioro?

Si analizamos las disposiciones del TOCAF queda muy claro que la responsabilidad de los jerarcas no sólo se restringe a los casos de ilicitud sino que también se define como resultado de ineptitud o actos de mala administración. Todo indica que, al menos, deberían investigarse seriamente los procesos de toma de decisiones en la conducción de ANCAP de estos años.

¿Cuáles son los criterios definidos para determinar la política de inversiones? ¿Por qué se ha llegado a tal grado de desequilibrio financiero? ¿Quiénes tomaron las decisiones que generaron tales consecuencias nefastas para la empresa? ¿Con qué criterios se crearon y sostuvieron las numerosas empresas hijas y nietas de ANCAP? ¿Cómo son las relaciones comerciales entre ANCAP y sus empresas vinculadas? ¿ANCAP paga precios razonables en sus vínculos comerciales con todas sus empresas colaterales o paga precios que encubren un subsidio sin norma que lo haya establecido? Estas son solo algunas de las numerosas interrogantes que deben ser respondidas.

Y finalmente, se debe trabajar, de una vez por todas, en la modificación del marco normativo que regula a las empresas públicas uruguayas, para evitar este tipo de resultados repentinos, fruto de una liberalidad absurda en el poder de decisión de quienes dirigen y gobiernan las empresas del Estado.

Hace mucho tiempo que bregamos por el establecimiento de normas que prohíban la creación de empresas colaterales a las empresas públicas en segunda y tercera generación. Las famosas empresas nietas y bisnietas que han generado una verdadera “fuga de los controles del derecho público”. Es imprescindible que todas aquellas sociedades anónimas que se han creado con fondos del Estado y que son propiedad de una empresa pública, deban ser sometidas a los mismos controles del Tribunal de Cuentas que la empresa pública original.

Es necesario, de una vez por todas, que las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre actos administrativos de entidad económica, posean efectos suspensivos sobre el acto observado, impidiendo que se esquive la observación por la vía de su simple reiteración.

Es fundamental que las empresas públicas estén obligadas a presentar documentos precisos que establezcan sus compromisos de gestión para cada período de gobierno, de manera que el Parlamento pueda dar seguimiento a las decisiones de las empresas públicas y evitar que cada una de ellas construya un plan propio y totalmente ajeno a los intereses nacionales.

Hemos tenido demasiados casos en los últimos años de directores de empresas públicas que se marearon con la bonanza del país y jugaron a ser empresarios con plata ajena. Hoy estamos viendo los gravísimos resultados de esa estrategia.

No alcanza con que este gobierno quiera mantener a las empresas públicas bajo control del gobierno central, es imprescindible trabajar en un marco normativo nuevo que garantice otras formas de funcionamiento y otros límites que operen, más allá de las decisiones del gobierno de turno.

Por Pablo Mieres

Eliminar la obligación de presentar la constancia de voto

Esta semana presentamos un proyecto de ley para eliminar la obligación de presentar la constancia de voto y las sanciones que se aplican a aquellos funcionarios públicos, empleados privados y escribanos que no cumplan con su función de controlar dicha presentación.

Seguramente lo primero que saltará a la vista para el lector es si parece un tema que amerite una ley. Pues bien, no hay otra forma, porque aunque parezca mentira el régimen actual que obliga a todos los ciudadanos a presentar su constancia de voto está regulado por ley y, por lo tanto, la única forma de dejar sin efecto esta obligación es mediante una nueva ley que la derogue.

Sorprendente, ¿no? Pues nuestro país tiene, en unas cuantas cosas, un viejo reflejo hiperformalista que tiende a exagerar el alcance de las normas legislativas en particular las que refieren a establecer obligaciones para los ciudadanos.

El sistema actualmente vigente establece que el voto es obligatorio con sanción. Es decir, primero era sólo obligatorio, pero a partir de 1971 se agregó la sanción para garantizar que los ciudadanos acudieran a las urnas.

Las razones coyunturales por las que se impuso la sanción están vinculadas al cálculo político que el gobierno de la época realizó para asegurarse el voto de los menos activos políticamente. El gobierno de Pacheco evaluó que la obligatoriedad con sanción sería un fuerte incentivo para que votaran todos, particularmente la población de mayor edad.

Lo cierto es que en Uruguay, sin sanción, ya votaba alrededor del 80% y desde que se establecieron las sanciones es posible afirmar que la abstención es casi inexistente. La sanción establecida consiste en la aplicación de una multa que equivale a 1 UR, es decir que a la fecha está en el entorno de los $800.

El tema es que la normativa vigente transfiere, insólitamente, a los ciudadanos la obligación de probar que votaron bajo el riesgo de que en caso de no presentar la constancia de voto, no cobrarán el sueldo, la jubilación o incluso no podrán comprar bienes o salir del país. Una verdadera barbaridad.

A su vez, los funcionarios encargados de controlar la presentación de la constancia de voto, sean público o privados, en caso de no hacerlo se hacen pasibles de sanciones que implican la retención, a modo de multa, de un porcentaje de sus salarios.

Todo es tan grotesco e injusto que es necesario terminar con un régimen que se basa en que el Estado se “lava las manos” sobre su función de controlar y le transfiere la obligación a los ciudadanos.

El objeto del proyecto no es eliminar la obligatoriedad del voto o la sanción actualmente existente, aunque esto último merecería una buena discusión, simplemente busca transferir debidamente la obligación de controlar al Estado.

En efecto, la propuesta es muy sencilla, particularmente en un país que se jacta de avances sustanciales en materia de gobierno electrónico. Esta consiste en que la Corte Electoral, que posee el listado de personas que se abstuvieron y que no pagaron la multa en tiempo, envíe al Banco de Previsión Social y a las Cajas Paraestatales y Estatales ese listado para que estos organismos descuenten a jubilados y pensionistas del siguiente pago el valor equivalente a la multa. Para el caso de los activos públicos y privados se establece que el BPS envíe el listado de los empleados correspondientes a cada empresa para que estas actúen como agentes de retención y envíen el producido de la recaudación a la Corte Electoral.

De este modo se elimina una obligación indebida establecida a los ciudadanos y se evitan trámites complejos e innecesarios. Tómese debida cuenta de que las referidas constancias de voto son un papel que se entrega a cada votante en el momento de ejercer su voto. Este tiene que guardarlo por varios meses hasta que llega el momento de presentarlo. Una carga más para los ciudadanos, propia de un Estado que en muchos casos no se concibe al servicio de los ciudadanos, sino al revés.

Esperemos contar con el apoyo del resto de los partidos para, rápidamente, resolver esta situación injusta.

Por Pablo Mieres

Prohibir publicidad oficial en tiempos de campaña electoral

Esta semana hemos presentado un proyecto de ley que busca aportar una mejora a las condiciones de equidad y transparencia en las campañas electorales. La normativa propuesta establece la prohibición de realizar publicidad por parte del Estado durante el tiempo previo a las elecciones nacionales de octubre, entre la primera y la segunda vuelta presidencial y las elecciones departamentales.

Es un hecho incontrastable que la publicidad oficial se intensifica durante la campaña electoral. El año pasado fue una situación vergonzosa. Tan evidente que el Presidente de la República salió a pedirle a las empresas públicas que redujeran su inversión publicitaria (claro, simultáneamente el presidente decidió salir a hacer campaña electoral en gravísima y flagrante violación de la Constitución de la República).

Lo cierto es que durante la campaña electoral para octubre y noviembre del año pasado todos los uruguayos asistimos al triste espectáculo de una fuerte publicidad de empresas públicas y ministerios haciendo autobombo sobre los éxitos de la gestión de gobierno. Esto no es nuevo, aunque quizás haya sido nueva la mayor intensidad, seguramente movida por la existencia de recursos en tiempos de bonanza económica.

Todos los gobiernos, en diferentes momentos de la historia política moderna han utilizado este instrumento indebido para apoyar de forma indirecta y elíptica a los candidatos oficialistas.

Lo estamos viendo ahora en el marco de las campañas electorales departamentales. Basta recorrer los diferentes Departamentos para constatar cómo, cada gobierno departamental realiza publicidad destacando los eventuales logros de sus administraciones para “llevar agua al molino” de sus candidatos. Y esto ocurre con independencia del color político del gobierno correspondiente.

La situación es aún más grave porque en nuestro país el peso de la publicidad oficial, desde el punto de vista cuantitativo es muy fuerte, en tal sentido, un informe elaborado por la organización no gubernamental CAINFO citaba una investigación publicada por FESUR en 2012 de autoría de Buquet, Lanza y Rabinovich, en la que se señalaba que el Estado es “el principal inversor publicitario a escala nacional” y estimaba que concentraba el 25% de la inversión publicitaria nacional, a su vez el mencionado estudio también indicaba que solo el Estado Central en 2010 había invertido más de cincuenta millones de dólares (Informe del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, 2014).

Esta práctica no sólo es indebida sino que está en el límite de lo que puede considerarse una acción corrupta, en la medida que se hace uso de recursos públicos que se obtienen con el pago de impuestos de todos los ciudadanos y se utilizan, indirectamente, para reforzar la campaña electoral de los candidatos oficialistas.

Hemos enviado el proyecto de ley presentado al Presidente de la República en la esperanza de que lo haga suyo, puesto que durante la campaña electoral manifestó acuerdo con normas que controlaran la publicidad de las empresas públicas.

La aprobación de este proyecto de ley permitiría mejorar las condiciones de equidad y transparencia de las campañas electorales y sería una señal muy positiva para la ciudadanía. Por otra parte eliminaría la evidente tentación de los partidos de gobierno de echar mano a un recurso indebido para reforzar las chances de éxito de sus candidatos.

Pablo Mieres

Parlamento amputado. No puede investigar

De acuerdo a la Constitución de la República, además de la función de legislar, el Parlamento cumple una función de control sobre el Poder Ejecutivo. Por ese motivo, el texto constitucional establece tres instrumentos para el cumplimiento de esa función que es crucial para el buen funcionamiento democrático: los pedidos de informes, los llamados a Sala a los ministros y la formación de comisiones investigadoras.

De los tres instrumentos que tiene el Parlamento para ejercer el control, el único que no depende del apoyo de cierto número de legisladores es el pedido de informes. Cualquier legislador puede solicitar información a alguna repartición de la Administración, sin necesidad de obtener el apoyo del cuerpo legislativo o de determinado número de legisladores.

Sin embargo, no existe una normativa vigente que asegure que los pedidos de informes sean efectivamente respondidos por parte de la Administración. De hecho, más allá de que hace más de una década existe una norma legislativa que reglamenta este instrumento, lo cierto es que no existe una forma imperativa que obligue a los jerarcas que reciben los pedidos de informes, a responder.

En varias ocasiones no se responden o la demora determina que la relevancia, oportunidad o pertinencia de la información solicitada haya caducado. A tal punto que, a esta altura de los acontecimientos, tienen más fuerza imperativa los pedidos de acceso a la información que puede solicitar cualquier ciudadano y que están regulados por la correspondiente norma que los pedidos de informes de los legisladores.

El segundo instrumento de control del Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo es el llamado a sala a un ministro. Este mecanismo se puede activar con el voto favorable de un tercio de integrantes de la cámara correspondiente. En tal sentido, se activa sin necesidad de contar con mayoría parlamentaria, sin embargo como cualquier cuestionamiento a un ministro requiere de la mayoría de miembros para su aprobación, la existencia de un partido con mayoría absoluta en las dos cámaras determina que este procedimiento carezca de efectos reales y, de hecho, ha dejado de ser relevante en el debate político nacional, dada la certeza de una definición sin consecuencias políticas.

Finalmente, el Parlamento puede formar comisiones investigadoras si el miembro denunciante presenta una solicitud que cumpla con los requisitos de entidad, seriedad y oportunidad sobre irregularidades o actos ilícitos de la administración.

Pues bien, desde que el Frente Amplio llegó al gobierno, hace más de diez años, no se ha aprobado ni un solo pedido de formación de comisiones investigadoras. El Frente Amplio, además, ha incumplido con lo establecido en el artículo 10 de la norma que regula estas comisiones y en vez de integrar las Comisiones Pre Investigadoras con parlamentarios pertenecientes a diferentes partidos, asegura el bloqueo de estas iniciativas al integrar estas comisiones con dos parlamentarios del partido de gobierno sobre un total de tres miembros.

Por otra parte, en el plenario de la cámara legislativa correspondiente vota en bloque contra cualquier investigación propuesta. ¿Será que en diez años no hubo ninguna situación que ameritara una investigación en el Parlamento? ¿Todo se hizo tan bien que no amerita que el Parlamento pueda investigar en ningún caso? No hay antecedentes históricos en los que el Parlamento no haya formado ninguna Comisión Investigadora en tantos años.

Pues bien, nuevamente, al comenzar un nuevo período de gobierno el Frente Amplio se abroquela para impedir toda investigación. En este caso la iniciativa fue formulada con respecto al manejo del FONDES, un fondo que utiliza recursos públicos de todos los uruguayos para financiar emprendimientos que ha actuado con evidente y notoria discrecionalidad al otorgar créditos que, en muchos casos, generaron resultados notoriamente fracasados.

No hay caso, el Frente Amplio parece haber resuelto mantener la misma conducta que ha llevado adelante en los dos períodos de gobierno anteriores. No importa que, por ejemplo, luego de haber negado la formación de una Comisión Investigadora para el caso PLUNA, varios años después, la justicia haya procesado al Ministro de Economía y al Presidente del BROU por abuso de funciones. Nada importa cuando un partido actúa guiado por el ejercicio abusivo de su mayoría parlamentaria.

Estamos en presencia de un evidente proceso de deterioro del poder político del Parlamento para que este pueda ejercer, en garantía de todos los uruguayos, su competencia de contrapeso del poder del Poder Ejecutivo.

Durante todo el año pasado levantamos nuestra voz pidiéndole a la ciudadanía que no reiterara un mandato mayoritario al partido de gobierno. Lamentablemente, el voto ciudadano y las reglas de nuestro sistema electoral (apenas en el límite) le otorgaron nuevamente esa mayoría, así son las cosas en la democracia y así hay que aceptarlas puesto que son legítimas.

Pero lo más lamentable es constatar que el partido de gobierno parece haber decidido seguir ejerciendo esa mayoría de manera tal de amputar al Parlamento su capacidad de control. Nada bueno desde el punto de vista de la fortaleza democrática puede resultar como consecuencia de esta estrategia.

Por Pablo Mieres

 

Un rumbo internacional adecuado

Transcurrido más de un mes desde la asunción de un nuevo gobierno, las señales dadas por la nueva conducción de la Cancillería son más que suficientes para confirmar nuestras expectativas positivas sobre la nueva orientación de nuestra política internacional.

De hecho, hemos registrado cinco señales concretas que van en la dirección adecuada.

En primer lugar, la búsqueda explícita de reconstruir una auténtica política de Estado en esta materia. El anuncio del Canciller sobre la inclusión de un ámbito de consulta multipartidario, integrado por representantes de los partidos políticos, para reflexionar sobre temas generales de la política internacional es una muy buena noticia.

Un país como Uruguay, por su escala y por su historia, necesita tener una política internacional de Estado. Necesita volver a los tiempos de la salida de la dictadura cuando, de la mano del Cr. Enrique Iglesias, nuestro país retornó al ruedo de los países prestigiosos en el ámbito diplomático y lo hizo con el apoyo y consenso de todo el sistema político.

Así ocurrió también cuando ingresamos al MERCOSUR a comienzos de los noventa y así se mantuvo hasta fines del siglo XX en que comenzaron a producirse desencuentros ante la notoria crisis de nuestro ámbito de integración regional.

Por lo tanto, la creación de un ámbito de consulta multipartidaria para temas relevantes es una señal muy positiva.

En segundo lugar, la nueva conducción de la política internacional ha reafirmado el regreso a las más valiosas tradiciones señalando la indiscutible preeminencia de lo jurídico sobre lo politico. La firme defensa del derecho internacional ha sido patrimonio esencial de nuestra historia y la adhesión incondicional a esos principios es un componente básico de nuestra tradición, por convicción y conveniencia.

En efecto, antes que nada porque la supremacía del derecho sobre la política es parte sustancial de una concepción democrática, pero además porque para un país pequeño esta adhesión sin concesiones al derecho es la garantía indispensable para funcionar en un mundo complejo.

La tercera señal positiva es la recuperación de la profesionalización de la Cancillería. Es indudable que durante los últimos años se produjo un lamentable y grave retroceso, caracterizado por una pérdida de jerarquía del criterio profesional, sustituido por una concepción politizada e ideologizada muy preocupante y peligrosa.

La recuperación del valor del trabajo profesional, la reducción de cargos políticos y la apuesta a profundizar las exigencias de formación en la actividad diplomática son referencias ineludibles y muy positivas.

En cuarto término se anuncia una estrategia de apertura al mundo en materia comercial que es imprescindible y urgente. Una estrategia que sustituya la dinámica que ha prevalecido en los últimos años, en donde se priorizaron las coincidencias ideológicas, incluso al costo de perder oportunidades relevantes de apertura de nuevos mercados.

El encierro en un MERCOSUR inoperante ha sido un grave error que, lamentablemente, predominó sin generar posturas alternativas. La incorporación de un equipo de asesores técnicos de alto nivel en materia de comercio internacional, garantiza que la nueva gestión encara de otra manera las oportunidades de ampliación del comercio con el mundo.

Este cambio es particularmente importante en este contexto internacional que se ha vuelto adverso. Debemos compensar con urgencia las crecientes restricciones que en materia de precios y competitividad estamos sufriendo y, a ese respecto, una estrategia imprescindible consiste en una vigorosa política de apertura de nuevos mercados.

Finalmente, también se debe destacar el cambio de actitud del gobierno uruguayo con respecto a la grave situación de violación a los derechos humanos y afectación de la democracia que está ocurriendo en Venezuela. En lugar de una mirada complaciente y justificativa del comportamiento autoritario del gobierno de Maduro, se ha asumido una mirada crítica y fundada, señalando la ineludible preocupación por la situación de los derechos humanos en ese país.

El incidente producido por las declaraciones del Vicepresidente Raúl Sendic, la postura de nuestro país en la reunión de Cancilleres de UNASUR y las recientes declaraciones de Rodolfo Nin Novoa son todas evidencias de una postura de señalamiento de preocupación por la grave situación venezolana.

En síntesis, hay un auspicioso y evidente cambio en la orientación de la política internacional del país que vemos con mucho interés y que obviamente acompañamos sin dudas, en la medida que está en línea con un fortalecimiento de las posibilidades de nuestro país y de su inserción en el mundo.

Por Pablo Mieres

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